Rodeado por todos los frentes tras el sorpresivo anuncio del cambio de postura de Moncloa respecto al Sahara Occidental, el presidente español, Pedro Sánchez, prefiere poner tierra de por medio a la espera de que el suflé baje o se vea opacado por otros asuntos de una actualidad que está al rojo. Su actual gira por Europa para abordar la situación energética, que le llevó ayer lunes a hacer escala en Francia, le viene al pelo para tratar de esquivar la enorme controversia generada por la decisión de aceptar la vía de la autonomía defendida por Marruecos para resolver el conflicto.
Una docena larga de partidos políticos que incluyen a la oposición y a las formaciones de la denominada mayoría de la investidura formalizó ayer lunes en el Congreso la petición para que Sánchez acuda a dar explicaciones. Quien sí comparecerá mañana miércoles será el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ya ha mostrado su disposición a informar a los grupos del cambio de criterio del Gobierno. Sin embargo, estos consideran que no es suficiente y reclaman que sea el líder socialista el que dé la cara. Mañana mismo, Sánchez realizará una visita institucional a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El calendario le es favorable y, cuando previsiblemente hará referencia al Sahara, en el pleno de la semana que viene, llegará con la mochila muy cargada. Esta hipótesis, en la que coinciden fuentes parlamentarias consultadas, se basa en el crucial Consejo Europeo de este jueves y viernes, que abordará la garantía del suministro energético y la reforma del mercado eléctrico europeo, que defienden estados como España y Francia, para que los precios de la electricidad no dependan de los del gas, que se han disparado.
El día 29 será el turno del Plan Nacional que tiene previsto aprobar el Gobierno español, como respuesta a la situación creada por la guerra en Ucrania y que prevé una rebaja de impuestos. Cuestiones todas ellas sobre las que deberá informar Pedro Sánchez en el Congreso y por las que se puede colgar alguna medalla, si las instituciones europeas validan sus tesis. De este modo, la cuestión de Marruecos y el Sahara puede quedar minimizada en su discurso.
Podemos no romperá
Mientras se clarifica este panorama, ayer lunes suscribieron una solicitud de comparecencia de Sánchez aliados habituales de su gabinete como el PNV, EH Bildu, ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Pero también Junts, el PDeCAT, la CUP, BNG y Coalición Canaria, y el PP por su cuenta. Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, es el único grupo parlamentario que no ha registrado todavía ninguna iniciativa vinculada al nuevo respaldo que ha dado el Ejecutivo español a la propuesta marroquí de autonomía del Sahara.
La formación morada ha expresado su desacuerdo con Sánchez y sigue apostando por el referéndum de autodeterminación para este territorio que, en última instancia, contempla también la ONU. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, emplazó ayer al PSOE a reflexionar sobre sus últimas decisiones "injustificables e incomprensibles", como su giro "drástico" sobre el Sahara, que calificó de "insostenible". En una rueda de prensa, añadió que el Ejecutivo español "necesita estabilidad y no una duda permanente sobre si el PSOE va a cumplir con el acuerdo de gobierno", por lo que pidió a los dirigentes socialistas un mayor compromiso con dicho pacto.
El socio minoritario de Moncloa mantiene por tanto un equilibrio entre su posición crítica con el PSOE por cuestiones como el Sahara o la intención de aumentar la inversión en Defensa tras la invasión rusa de Ucrania; y su determinación de mantener la coalición. Así lo expresó ayer lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificó de "incoherente" el cambio de postura sobre el Sahara y que se haya hecho con "enorme opacidad". Pero al mismo tiempo opinó que romper el Ejecutivo en este momento sería una "gran irresponsabilidad".
La decisión del Gobierno fue calificada de "traición" tanto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como por el diputado del BNG, Néstor Rego, mientras que Mertxe Aizpurua (EH Bildu) subrayó que "no se puede aceptar implícitamente el veto marroquí a cualquier avance en el Sahara y negar al pueblo saharaui sus derechos".
Críticas internas
Pero la presión a Pedro Sánchez no viene solo por parte de Unidas Podemos y de sus socios habituales en el Congreso. La oposición sigue con su marcaje férreo y el presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer lunes la política exterior de "puentes rotos" que está practicando a su juicio el Gobierno, al que acusó de actuar "de forma déspota e irresponsable". Unas críticas a las que se sumaron a su vez Vox y C's.
Más aún, ya se han empezado a escuchar voces disidentes en el seno del propio PSOE, y el Govern balear que preside Francina Armengol se desmarcó de Sánchez y reclamó que se respeten los derechos humanos de los saharauis. El diputado Odón Elorza, cómodo en su papel de crítico, dijo que "me duele el abandono de la justa causa" de este pueblo. Añadió que le costará aceptar "de modo sumiso la cesión" a las pretensiones de Marruecos, "tras su conocida presión y su juego sucio". El senador Javier de Lucas destacó la "enorme contradicción y dolor de la ruptura con el pueblo saharaui", y la corriente Izquierda Socialista pidió convocar el Comité Federal.
Reacciones
Bruselas
Resoluciones de la ONU. La Comisión Europea aplaudió ayer el acercamiento de España a Marruecos, aunque recordó que el estatus de este territorio debe dirimirse en un proceso político acorde con las resoluciones de Naciones Unidas. La portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, dijo que este paso "beneficia la asociación de la UE y Marruecos".
Polisario
Error estratégico. El representante del Frente Polisario ante la UE, Oubi Bouchraya Bachir, afirmó que "reducir todo el Magreb a Marruecos es un error estratégico" y emplazó al Estado español a ver este territorio "como una realidad más compleja".
Argelia
Estabilidad en riesgo. El presidente de la Asamblea Nacional argelina, Brahim Bughali, denunció que "los derechos del pueblo saharaui no pueden en ningún caso ser objeto de pactos y menos de una abdicación ante un vil chantaje". Advirtió además de que este contencioso podría afectar a la estabilidad de toda la región con una "espiral de tensión".