La tolosarra González Laya, ministra de Exteriores, y José Luis Escrivá, de Seguridad Social

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación será la jurista guipuzcoana Arantxa González Laya, según han confirmado fuentes del Palacio de la Moncloa. González Laya es la actual directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, una agencia conjunta de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, destinada a que las empresas en países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global.

Con su nombramiento se pone de manifiesto la intención anunciada por el Gobierno de dar a la cartera de Exteriores "un perfil que dé prioridad a la diplomacia económica".

Nacida en Donostia en 1969 y criada en Tolosa, es jurista de formación. Tras comenzar su carrera en el sector privado, desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo.

En esa institución fue portavoz del francés Pascal Lamy cuando era comisario de Comercio y posteriormente directora del gabinete de éste durante su mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como su su representante en el G-20.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y posee un postgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Habla euskara, inglés, francés, alemán e italiano.

Actualmente preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International Gender Champions) y copreside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la Inversion del Foro Económico Mundial (WEF).

SEGURIDAD SOCIAL José Luis Escrivá, actual presidente de la Autoridad Independiente de Reponsabilidad Fiscal (AIReF), estará al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que ha creado el Gobierno, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento.

Escrivá, que será uno de los miembros independientes del nuevo Gabinete, tendrá entre sus retos al frente del Ministerio la derogación de la reforma de pensiones de 2013, el aumento de los ingresos del sistema de Seguridad Social, y la coordinación de una fórmula que garantice la sostenibilidad de las pensiones a futuro.

El gran reto de Escrivá en esta legislatura será la reforma de las pensiones. El Pacto de Toledo, tras meses de negociación, se disolvió en febrero de 2019 sin alcanzar ningún acuerdo y es previsible que vuelva a constituirse en esta legislatura para retomar la discusión sobre el futuro del sistema.

Las organizaciones sindicales reclaman que las pensiones se liguen al IPC (el Gobierno se ha comprometido a revalorizarlas un 0,9% en 2020), así como derogar la reforma de 2013 para, entre otras cuestiones, acabar con el llamado 'factor de sostenibilidad', que debía entrar en vigor el próximo año pero que se ha retrasado hasta 2023.

Con el Fondo de Reserva en unos 2.150 millones de euros (cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual de pensiones) y un déficit de los fondos de la Seguridad Social que se prevé que supere los 17.000 millones de euros en 2019, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente los hay.

En el acuerdo programático acordado entre el PSOE y Unidas Podemos se apostaba por garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, se pretende eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INGRESO MÍNIMO VITAL De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisando las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.

La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.

La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.

Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.