El Parlamento censura la “unidad impuesta” por la Constitución

Gasteiz - La Constitución Española celebra dentro de una semana su cuadragésimo aniversario más cuestionada que nunca, con el poder judicial en la picota, la clase política aún en tela de juicio y una crisis territorial que, lejos de resolverse con el paso de los años, se ha agravado como consecuencia del procés catalán. En ese contexto, ayer PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos acordaron que el Parlamento Vasco no participe de los actos de conmemoración de la aprobación de la Carta Magna, pues “la mayoría de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Euskadi no respaldó” el referéndum de 1978 en torno a un texto fundamentado en “la unidad desde la imposición y la pertenencia desde la obligación”. El acuerdo transado por PNV y EH Bildu a partir de una proposición inicial de los segundos añade que dicha imposición “supone” que la unidad de España que consagra “no fue, ni es, consecuencia de la libre adhesión y voluntad de los pueblos”.

Los grupos proponentes y Elkarrekin Podemos abogan por tanto por una reforma del texto constitucional que dé respuesta “a los actuales retos de blindar los derechos sociales, garantizar las libertades y reconocer y articular el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado, teniendo que incorporar al texto constitucional el principio de libre determinación”.

La moción aprobada ayer en la Cámara vasca, con el voto contrario de PP y PSE, no obtuvo por otro lado el apoyo total de Elkarrekin Podemos porque plasma como solución a la cuestión territorial, en lo referente a Euskadi, la propuesta pactada por jeltzales e independentistas para el futuro Estatuto vasco, y que pasa por interpretar la alusión de la Disposición Adicional Primera de la Constitución a los derechos históricos de los territorios forales. Así, dado que la Carta Magna literalmente “ampara y respeta” dichos derechos, es posible “reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva”, y de “establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados”, señala la enmienda transaccional.

la transición El texto también hace referencia al pilar máximo de dicha Constitución, la Corona. La moción señala que “en una sociedad democrática todo cargo público debe ser elegido y renovado a través de elecciones”, y reivindica que “este principio debe hacerse extensivo a la Jefatura del Estado”. Dicha jefatura del Estado, así como las Fuerzas Armadas o el Tribunal Constitucional fueron cuestionadas por el parlamentario del EH Bildu Pello Urizar, quien afirmó que el objetivo de la Transición fue “mantener vivo el régimen franquista, vestido de democracia”, y “negar” la propia existencia a las naciones del Estado. Urizar reclamó un referéndum como el de Escocia. “¿Dónde está el miedo; dejemos votar?”, concluyó.

Desde el PNV, Joseba Egibar criticó que no se llegara a “profundizar” en posiciones que a finales de los años setenta formaciones como la jeltzale mantenían en torno a la fuente de soberanía del Estado, y que ubicaban “en los pueblos que lo componen”. Egibar advirtió de que “si alguien quiere una solución tiene que ser desde la libre adhesión, si no no habrá unidad auténtica, será una unidad impuesta”. No comparte el diagnóstico en ese punto Elkarrekin Podemos, cuyo parlamentario Jon Hernández criticó que la moción se llevara al Parlamento para “conformar una unidad de acción abertzale”.

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Pastor, censuró el “debate falso” en torno a la falta de respaldo a la Constitución en Euskadi, con menos abstenciones que en otras comunidades en el referéndum. Desde el PP, Borja Sémper puso de manifiesto que “el discurso del PNV y el de EH Bildu son indistinguibles”.