BILBAO - Pablo Casado considera que ya es posible con la ley en la mano iniciar el proceso para ilegalizar a la CUP, según desvelan desde fuentes del PP. El líder de los populares ya anticipó el lunes que su partido presentará una propuesta de ley para cerrar el grifo de la financiación pública a las formaciones políticas que inviten a actuar con violencia. No obstante, Casado cree que incluso antes de que se debata esa reforma, ya es posible ilegalizar a la CUP aplicando la Ley de Partidos de 2002 que sirvió para ilegalizar a Batasuna. No hay que olvidar que los antisistema son claves para mantener la mayoría independentista en el Parlament. La CUP defendió a los Comités de Defensa de la República (CDR), que el pasado sábado se enfrentaron con los Mossos en uno de los actos de conmemoración del 1-O.

Por ello, para el PP, esta actitud anticapitalista sería suficiente para aplicar el artículo 9 de esa Ley de Partidos, que establece: “Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave”. Entre las conductas que la ley considera como “graves” se hallan la de “fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas”. De acuerdo con la normativa, “la disolución de un partido político o, en su caso, su suspensión”, se realizará “por decisión de la autoridad judicial competente”.

En este contexto, Casado acusó a Pedro Sánchez de “arrodillarse” al independentismo al insistir en su oferta de diálogo con Quim Torra pese al “chantaje” que éste ha planteado exigiendo una propuesta de referéndum de autodeterminación en un mes. Por ello, demandó de nuevo la aplicación inmediata de un artículo 155 de la Constitución amplio y duradero, de forma que la Administración General del Estado desembarque en Catalunya y designe consejeros. “Tenemos que poner personal propio”, alentó el líder del PP, quien recriminó al presidente español que siga apostando por el “apaciguamiento” y la “humillación de toda España”. Además, reprochó que Sánchez no haya consultado en ningún momento con el PP, principal partido de la oposición. “Si fuera presidente me reuniría con los partidos constitucionalistas para hacer un frente común”, aventuró Casado, quien equiparó la aplicación del 155 “el tiempo que haga falta” como en su día hizo Tony Blair en Reino Unido. Se trataría de un 155 aplicado de forma plena por la Administración General del Estado y “no de forma teledirigida desde un ministerio”, en alusión a lo que ocurrió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pilotó desde Madrid esa aplicación.

en sintonía con rivera Paralelamente, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se pronunció en parecidos términos tras el “ultimátum humillante” de Torra, exigiendo a Sánchez que “rompa con los separatistas”, aplique el artículo 155 y convoque elecciones “cuanto antes”. El líder naranja indicó que, un año después del referéndum del 1-O, “se ha cronificado el golpe”, con “violencia en las calles” y “policías heridos” y “diputados acorralados” en el Parlament. A su juicio, ello puede servir para “recuperar la presencia del Estado” en Catalunya con el fin de “garantizar derechos y libertades”, y por eso Ciudadanos presentó una iniciativa para que el Congreso vote a favor de esta medida, aunque es el Senado el que la puede activar. Rivera conminó a Sánchez a que “rompa con los separatistas y vuelva al lado del constitucionalismo” porque Torra “no es un aliado, es un adversario”.