Bilbao - Dos vecinos de Bilbao y Durango fueron detenidos ayer en una operación contra la estructura de reclutamiento y adoctrinamiento del Estado Islámico (EI) que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, calificó de “importantísima”. El primero, de nacionalidad senegalesa y 21 años de edad, fue arrestado por la Policía Nacional en Lorca (Murcia), mientras que el segundo, marroquí de 33 años, fue apresado en Abadiño. Se da la circunstancia de que este último residía en un centro de acogida de inmigrantes en Durango. Según fuentes de la investigación citadas por Efe, dicho centro está ubicado junto a la iglesia de Santa María, en el centro del municipio, y el mismo edificio es también residencia de sacerdotes.

La operación de ayer, coordinada por la Audiencia Nacional, se completó con la detención de otros tres presuntos yihadistas en Castillejos, localidad marroquí próxima a Ceuta. Los arrestados formaban parte de la estructura de propaganda del EI y no solo incitaban a la comisión de atentados en España y Europa, sino que divulgaban vídeos en los que se adiestraba sobre el uso de armas blancas y técnicas de decapitación. Según Interior, estaban en contacto con yihadistas en Siria e Irak y conectados entre ellos de forma on line. De este modo, actuaban como amplificadores en Internet del mensaje violento del grupo terrorista para aumentar la comisión de atentados en Occidente.

Agentes de la Policía española registraron durante más de tres horas el centro de acogida de inmigrantes de Durango en el que residía el joven detenido en la localidad cercana de Abadiño, con la presencia del propio arrestado. Sobre las 14.30 horas, los agentes sacaron del centro varias cajas con material incautado. También trasladaron al detenido esposado y con la cabeza cubierta. Fuentes de la investigación aseguraron que éste ha recibido un trasplante de riñón y actualmente se encuentra en tratamiento tras la intervención quirúrgica. Respecto al detenido en Lorca, según estas fuentes mostraba elevados índices de radicalidad y era considerado una amenaza por los investigadores al haber manifestado su voluntad expresa de realizar ataques contra la población civil empleando diferentes métodos violentos.

Tras la operación contra los presuntos yihadistas, el ministro Zoido aseguró que las Fuerzas de Seguridad “no pararán hasta detener a todos y ponerlos a disposición judicial, porque todos acabarán donde tienen que estar, que es en la cárcel”. La red, de la que formaban parte los cinco detenidos, instrumentalizaba sus perfiles en redes sociales para llevar a cabo las consignas recibidas por la matriz central del EI con el objetivo de divulgar el material propagandístico de esta organización terrorista como el medio más directo para captar, adoctrinar y reclutar a nuevos miembros.

Para evitar ser captados adoptaban medidas de protección como el uso de aplicaciones de mensajerías instantáneas seguras, así como líneas de telefonía móvil diferentes o asociadas a terceros. La operación fue desarrollada bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.