BILBAO - La Audiencia Nacional condenó ayer a 32 años de prisión al miembro de ETA Beñat Aginagalde por el asesinato del que fuera edil del PSE, Isaías Carrasco, el 7 de marzo del 2008 en Arrasate. A pesar de que Aginagalde fue absuelto en junio de 2014 por insuficiencia de pruebas, el Tribunal Supremo ordenó el pasado lunes repetir la vista ya que consideró que la realizada el pasado año había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al dejar al margen como prueba la identificación de Aginagalde por parte de una testigo que declaró haberle visto llegar y huir de la escena del crimen.
En la sentencia de la AN, Aginagalde es culpado de delito de asesinato terrorista, tenencia de armas y daños con finalidad terrorista además de prohibirle acudir a Arrasate, localidad de la que es natural así como lo era Carrasco, durante diez años desde el cumplimiento de la condena. Además, determinó que Aginagalde tendrá que indemnizar a la mujer e hijos de la víctima con medio millón de euros de los que 265.906 deberá pagar al Ministerio del Interior -que ya anticipó dicha cantidad a la familia- y 93.911 al Consorcio de Compensación de Seguros por los pagos que ya efectuó en relación a los daños morales ocasionados y la pérdida de ingresos en la unidad familiar.
La Audiencia Nacional valora como prueba en este caso la declaración de la mujer que se cruzó con el activista cuando emprendía la huida tras disparar a Carrasco, y quien volvió a ratificar los dos reconocimientos faciales efectuados con “rotundidad y con firmeza”, desprendiéndose de su declaración que pudo ver perfectamente al que luego resultó ser autor de los hechos, durante tiempo suficiente, en condiciones óptimas y con la debida atención, “pudiendo fijar así su imagen en su memoria”. El tribunal compuesto por tres magistrados diferentes a los del anterior juicio, Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Clara Bayarri, determinó que el reconocimiento no estaba “contaminado” puesto que Beñat Aginagalde no estaba fichado, era miembro legal de ETA y para entonces su imagen no había aparecido en los medios de comunicación.
El asesinato de concejal del PSE causó una gran conmoción a nivel estatal por producirse en el último día de la campaña electoral previa a la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2008.
El miembro de ETA, quien fue detenido durante la desarticulación del comando Asti en 2010 y quien ha negado su implicación en los hechos juzgados, también fue condenado en su momento a 15 años de cárcel por colocar una bomba en una sede del PSE de Lazkao, y fue imputado igualmente por el asesinato del empresario Inaxio Uria.
