PNV y Amaiur piden acabar con la incomunicación de los detenidos

bilbao - PNV y Amaiur en el Congreso mostraron ayer su disconformidad con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevó el Gobierno Rajoy a la Cámara baja puesto que consideran que mantiene estructuras de una legislación especial sin ajustarse a lo que dicta la directiva europea. Así, denunciaron que en el texto que defendió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sigue vigente la incomunicación de los detenidos, se otorga mayores prerrogativas al Ministerio Fiscal o se incorporan nuevas tecnologías a los métodos de investigación sin definir límites para salvaguardar la intimidad personal.

Según Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, el Gobierno español de manera deliberada no ha respetado la directiva europea y ha perdido una gran oportunidad para normalizar el ordenamiento jurídico español quitándole su carácter excepcional. El jeltzale hizo especial hincapié en que la nueva ley mantendrá la incomunicación de los detenidos. “Siguen manteniendo los periodos de incomunicación de cinco días, la necesidad de acudir a un abogado de oficio, la imposibilidad de comunicación con terceros, etcétera, y esto no está de acuerdo con la Directiva europea que establece unos derechos que aquí se limitan y confirman la legislación excepcional antiterrorista”, aseguró.

En parecidos términos se expresó el diputado de Amaiur Iker Urbina, que denunció el mantenimiento de la incomunicación, “una medida que por enésima vez ha sido duramente criticada esta semana por el Comité contra la Tortura de la ONU”.

Otra de las críticas de PNV y Amaiur hace referencia al hecho de que en esta nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se adoptan medidas de investigación tecnológica. Así, se amplía la interceptación de comunicaciones -que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad. Para Esteban, sin embargo, ante estas medidas tecnológicas para la investigación, “no se han puesto límites definidos que protejan la intimidad personal de los ciudadanos”.

Plazos de Instrucción Uno de los aspectos fundamentales de la reforma hace referencia a la limitación de los plazos para la instrucción de las causas. Las causas ordinarias tendrán un plazo de instrucción de seis meses, que se ampliará a 18 meses para aquellos casos de mayor complejidad. Asimismo, los plazos podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, si bien la instrucción podría prolongarsesine díe, pero siempre a instancias del fiscal y no del juez.

A juicio de Esteban no se puede reducir los plazos de instrucción sin que lleve parejo un incremento de medios y de la planta judicial. Además, criticó la multiplicación de las causas que va a provocar la apertura de una causa específica por delito. “A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad”, enfatizó.