Etipsa-Cinsa asegura que todos los sobrantes de la AP-1 tuvieron un destino

DONOSTIA. Este directivo, Ignacio Hernández Agirrebengoa, ha declarado hoy en la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga si existieron responsabilidades políticas en el presunto fraude de la AP-1 que ha motivado la querella presentada por la Diputación en un juzgado de Azpeitia.

Hernández Agirrebengoa ha advertido de que para "esclarecer lo más posible" este asunto debería haber comparecido quien participó "más directamente" en la AP-1 por parte de la ingeniería, Juan Bautista March, que ejerció la dirección de obra, pero que no puede hacerlo al ser uno de los querellados junto a un técnico de la UTE Laurena y el exdirector técnico de Bidegi Agustín Zugasti.

Ha reconocido que el depósito Basagoiti-2 no llegó a colmatarse, pero ha asegurado que los 900.000 metros cúbicos de tierra de diferencia entre lo certificado al final de la obra -un llenado del 99,78 %- y lo que realmente había se utilizaron en movimientos intermedios, "dado que a lo largo de la obra hubo que acopiar muchas veces material en ese vertedero" que luego volvía a sacarse.

Por ese concepto, la Diputación acusa a los querellados de haber pagado 500.000 euros más en la liquidación, algo que el declarante ha negado porque asegura que se corrigió el error y eso no afectó a la liquidación final.

A ese medio millón, de los 3,4 que el gobierno foral cree que se pagaron por trabajos no ejecutados, se suman 900.000 euros por traslados de tierras, que Hernández Agirrebengoa ha atribuido a los sobrecostes que conllevó el hecho de que cuando comenzó la construcción de la carretera aún no se había expropiado Basagoiti y hubo que trasladar los sobrantes al depósito de Osinaga, situado en el "otro extremo" de la obra.

"Se incrementó el coste del transporte porque hubo que utilizar la carretera general y hubo que usar camiones que pudieran hacerlo y no los que se usan habitualmente en las obras", ha señalado.

Con relación a las extracciones de tierras por las que la Diputación entiende que se abonaron en la liquidación 2 millones de euros de más, el representante de Etipsa-Cinsa ha admitido que hubo un error en la medición de uno de los desmontes, pero que la suma total de lo excavado no afectó a la liquidación final porque se corrigió y es prácticamente coincidente con las mediciones hechas por el perito del ente foral.

Ha recalcado que la liquidación se ha hecho con "todo rigor" en un proyecto "tan complicado" como el de la AP-1.

"Decir que en una obra de este calado no hay errores, es irreal", ha afirmado el responsable legal de Etipsa-Cinsa, cuyas explicaciones han sido similares a las dadas el viernes pasado por el directivo de Moyua que compareció en representación de la UTE Laurena.