El Gobierno español excluye a la CAV de su plan de cierre de instalaciones militares

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, presentó el pasado 27 de junio en el Senado su propuesta de racionalización y utilización eficiente del patrimonio del ministerio -denominado Prepidef-, que en una primera fase de ejecución "inmediata", esto es, entre los años 2014 y 2017, comprende la actuación sobre 109 instalaciones militares de todo el Estado, de las cuales 86 serán "liberadas", lo que en la jerga administrativa significa que cerrarán y se llevará sus funciones, unidades y personal a otras infraestructuras. Defensa persigue con dicha propuesta el objetivo general del Gobierno del PP de "optimizar" los recursos públicos y reformar las administraciones. El documento con las propuestas concretas detalla provincia por provincia cómo reorganizará Defensa sus infraestructuras, incluyendo cierres parciales o totales de instalaciones, y convenios con otras administraciones públicas para su utilización.

La tijera del ministerio que dirige Pedro Morenés llegará a todas las comunidades autónomas con las únicas excepciones de la CAV y de Asturias. No es el caso de Nafarroa, donde el ministerio cerrará alguna instalación de menor rango, tipo residencia, aún sin especificar, y "racionalizará" una infraestructura de adiestramiento todavía no concretada. Lo que sí adelanta es la próxima firma de un convenio para el uso civil del Fuerte de San Cristóbal de Iruñea. El oficialmente denominado Fuerte de Alfonso XII, situado en la cima del monte Ezkaba, está abandonado y fue declarado en noviembre de 2011 Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Las instituciones públicas navarras han mostrado su interés por convertir la zona en un enclave natural que permita a los ciudadanos su uso como lugar de ocio y deporte.

maniobras militares Nada parecido ocurrirá en la CAV, donde en los últimos tiempos el Ejército español solo ha sido noticia por sus maniobras militares en lugares sensibles de la geografía vasca, como el Gorbea o Elgeta, y más recientemente en pleno centro de Donostia al lado de las Juntas Generales, y por el cuestionamiento por parte de las fuerzas políticas del coste que supone el mantenimiento de los efectivos militares o incluso su misma presencia en Euskadi.

Nada se moverá, por tanto, al menos hasta el año 2017, cuando Defensa se plantee una posible segunda tanda de clausuras. Así que, como mínimo hasta esa fecha, se mantendrán como están en la actualidad la delegación de Defensa en Gasteiz y las respectivas subdelegaciones en Bilbao y Donostia, más conocidas todas ellas por ser las sedes de los antiguos gobiernos militares, situadas en el centro de las tres capitales, así como las comandancias navales en estas dos últimas ciudades. También sobrevivirán a la tijera la base militar de Araka (Gasteiz), y los acuartelamientos de Mungia y Loiola (Donostia). El propio Argüelles negaba el pasado octubre en el Congreso la posibilidad de que el Ejército abandone el cuartel del barrio de Loiola y cambie de ubicación para que los terrenos que ocupan ahora los militares sean destinados a viviendas de protección oficial, como reclama el consistorio donostiarra desde hace varias legislaturas. El secretario de Estado de Defensa argumentó en aquel momento que el acuartelamiento de Loiola es "de prioritario interés para la defensa nacional".

Mientras tanto, el Ejército español se prepara para adelgazar sus infraestructuras en casi todo el resto de la geografía estatal. Cerrará los antiguos gobiernos militares de veinte capitales de provincia, cuyas funciones y empleados ubicará en otras instalaciones, como la Comandancia Naval en el caso de Santander. También clausurará los acuartelamientos de los Castillejos en Madrid y de San Francisco en Tenerife, el aeródromo militar de Santiago de Compostela, el hospital naval de Cartagena, la comandancia naval de Sevilla o una docena de instalaciones del órgano central de Defensa en Madrid. Y así hasta un total de 109 infraestructuras.

En Nafarroa, salvo algunas infraestructuras menores y la cesión del Fuerte de San Cristóbal, ahora en desuso como instalación militar, Defensa tampoco cerrará otras de sus propiedades de mayor relevancia, como el acuartelamiento de Aizoain (Berrioplano), el antiguo gobierno militar de Iruñea o el campo de tiro de las Bardenas.

847 millones de coste El secretario general de Defensa adelantó que una segunda fase de la propuesta de racionalización, para la que no hay fecha, afectará a otras doscientas instalaciones en todo el Estado, de las cuales 163 son susceptibles de acabar cerradas. De realizarse las dos fases en su totalidad, este plan implicaría una inversión de 847 millones de euros para efectuar los traslados, lo que posteriormente proporcionaría unos ahorros de en torno a 52 millones al año. El objetivo último de esta "liberación" de inmuebles es su puesta a la venta, pero desde el propio ministerio se reconoce que "resulta prematuro hacer previsiones sobre posibles ingresos" por este concepto, debido a la situación actual del mercado inmobiliario.

Recientemente trascendió que el informe elaborado por la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con propuestas de ahorro aconsejaba la venta de 15.135 inmuebles enajenables, de propiedad estatal y repartidos por todo el territorio español, de los cuales el 46%, un total de 8.170 infraestructuras, forma parte del patrimonio del Ministerio de Defensa y de su Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). Una de las propiedades puestas ya a la venta es la parcela de casi dos mil metros cuadrados donde estaba ubicada la yeguada militar de Lore Toki, en Donostia, desmantelada hace años.