El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha dado hoy a conocer los detalles de esta iniciativa que ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno y que sustituye a la vigente hasta el momento que fue elaborada por el anterior Ejecutivo del socialista Patxi López. Este código afecta a todos los miembros del Gobierno vasco y a los altos cargos de la Administración Pública de Euskadi, incluidos los de las sociedades y entes públicos dependientes de la misma.
En este código se identifican las conductas y los comportamientos exigibles a todos ellos, así como las sanciones que conlleva su incumplimiento. Una "Comisión de Ética Pública", formada por representantes institucionales y expertos, será la encargada de velar por el cumplimiento de los preceptos del código. Ante la misma, cualquier ciudadano, vinculado o no a la administración, puede formular sus denuncias.
Este órgano recomendará en cada caso al Gobierno vasco el modo en el que debe proceder ante las denuncias que, en caso de ser comprobadas, pueden acarrear el cese inmediato.
También puede aconsejar que se dé traslado de la denuncia al órgano competente para que se proceda a incoar, instruir o sancionar una conducta o que la remita al Ministerio Fiscal si se constata un posible delito o falta.
Todos los altos cargos están obligados a firmar una adhesión a este código y, de no hacerlo, quedarán automáticamente cesados de sus cargos.
Los firmantes del mismo se comprometen a ejercer sus funciones con dedicación plena y exclusiva, a no aceptar trato de favor, situación de privilegio o ventaja injustificada por parte de terceros, y a no llevar a cabo prácticas que puedan levantar sospechas de favoritismo.
En caso de ser imputados en procesos penales o administrativos por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones o que sean de singular relevancia pública, la "Comisión Ética Pública" será la encargada de emitir la recomendación que estime oportuna en cada caso.
Si en el curso del procedimiento penal el imputado queda libre de cargos, el afectado será repuesto en su cargo, en el supuesto de que hubiese sido previamente cesado.
El código tampoco permite a sus firmantes que acepten donaciones o regalos, más allá de los relativos a la "cortesía". Tienen la obligación de devolverlos y, en caso de no ser posible, entregarlos a los servicios sociales, a organizaciones no gubernamentales o también podrían pasar a ser parte del patrimonio de la comunidad autónoma.
Los altos cargos tampoco podrán discrepar o criticar abiertamente a través de los medios de comunicación, redes sociales o Internet las posiciones políticas del Gobierno vasco. De hacerlo están obligados por "coherencia institucional" a presentar su dimisión.
No deberán desarrollar actividades que colisionen con los intereses públicos, evitarán conductas que supongan potenciales conflictos de intereses, y no aceptarán retribuciones dinerarias o en especie por impartir conferencias o participar en debates.
Erkoreka ha explicado que este código está inspirado en los vigentes en los países nórdicos y anglosajones, ha defendido que es "novedoso, avanzado" y que nace con el objetivo de que los ciudadanos "recuperen la confianza" en la clase política
