bilbao. En mínimos históricos desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada -en lo que va de año se han registrado nueve ataques-, la kale borroka reapareció en Euskadi en la noche del pasado domingo. Al menos esta es la hipótesis que maneja el Departamento de Interior tras el ataque registrado en la oficina de Lanbide en Agurain, donde un grupo de desconocidos sin determinar arrojó un petardo rociado con gasolina que explotó en el exterior del local. Un sabotaje que Rodolfo Ares no dudó en relacionar ayer con la violencia callejera, la misma sobre la que días atrás habló en pasado desde la tribuna del Parlamento Vasco, antes de reconocer que todavía quedan "nostálgicos".
Aunque no hubo que lamentar ni daños personales ni materiales por culpa de la deflagración, el titular de Interior aprovechó una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia para considerar un acto de kale borroka "absolutamente grave" lo sucedido horas antes en la localidad alavesa. "El modus operandi es claramente el de los métodos que se utilizaban de kale borroka", enfatizó el dirigente socialista, que, al igual que ha sucedido en los últimos meses cada vez que se ha registrado un sabotaje de estas características, emplazó a la antigua Batasuna a condenar los sucedido: "Que lo condene de manera contundente y con toda claridad si quiere ser creíble en su rechazo a la violencia terrorista".
Una respuesta que la izquierda abertzale tradicional no tardó en difundir entre los medios de comunicación. En un breve comunicado, este sector consideró que sabotajes como el registrado en Agurain están "fuera de lugar" y van en contra de la hoja de ruta que la antigua Batasuna viene desarrollando en los últimos meses: "Este tipo de actos son incompatibles con la estrategia de la izquierda abertzale y obstaculizan la acumulación de fuerzas. Una acumulación de fuerzas y una activación social que son totalmente necesarias en este contexto de grave crisis económica en la que la clase trabajadora está sufriendo un constante recorte de derechos. Así, la huelga general del 29 de marzo supone una gran oportunidad para articular una respuesta popular, masiva y contundente". De esta manera, la izquierda abertzale siguió el guión que ha venido repitiendo cada vez que se ha registrado uno de los contados casos de kale borroka que han tenido lugar en los últimos tiempos.
Al margen de la antigua Batasuna y del propio Rodolfo Ares, la única formación que condenó el ataque de Agurain fue UPyD. En una nota, Gorka Maneiro arremetió directamente contra la antigua Batasuna y contra los que piensan que la normalización y pacificación de Euskadi está más cerca que nunca. "Es un acto que demuestra que ETA y sus seguidores siguen siendo el único problema para la convivencia y la libertad, por mucho que los partidos políticos y el lehendakari traten de vendernos la moto de que ya hemos alcanzado la paz y la libertad. La lucha contra la intolerancia en Euskadi no se alcanzará dando la razón a la izquierda abertzale o asumiendo su agenda de exigencias, sino manteniéndonos en la defensa del estado de derecho y de las libertades ciudadanas", aseveró el parlamentario de UPyD.
retorno de los amenazados Al margen del rebrote esporádico de kale borroka, el consejero de Interior descartó que los amenazados por ETA que dejaron Euskadi puedan votar en las urnas vascas. Una petición que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular, con Antonio Basagoiti a la cabeza, pero que desde el PSE no ven nada claro. Algo que el propio consejero de Interior dejó claro ayer.
Según indicó Rodolfo Ares, para que estas personas pudieran votar en Euskadi habría que hacer una reforma de la Ley Electoral de Régimen General en las Cortes Generales y se mostró "absolutamente convencido" de que esa modificación tiene no solo dificultades técnicas y jurídicas, sino de que también tiene inconvenientes políticos: "No considero que sea algo que se tiene que impulsar. Creo que es muy complejo y muy difícil poder hacer una modificación de la Ley Electoral tal y como defienden algunas personas para que, residiendo en otras partes de España, se pueda votar en Euskadi en municipales y autonómicas". En este sentido, consideró que, con la medidas que han adoptado para que aquellos amenazados que quieran volver a Euskadi pueden hacerlo, "se está, en parte, abordando una ayuda y un respaldo que era fundamental".
El pasado miércoles, el propio Ares y la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, mostraron su confianza en que el Gobierno vasco apruebe antes del próximo mes de julio una modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo con el fin de facilitar el regreso a Euskadi de aquellas personas que tuvieron que abandonar la comunidad autónoma al estar amenazados por la organización armada.
Durante la presentación en la Cámara vasca de un informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología, en el que se analizaba la situación de estas personas, el propio Ares reconoció la dificultad de establecer un censo de personas amenazadas, pero adelantó que la intención del Ejecutivo de Patxi López es mantener un "criterio abierto" a la hora de analizar las peticiones que se reciban.
