Lérida es Lleida desde 1992, A Coruña perdió la L castellana en favor de su nombre gallego en 1998, y la denominación oficial para las Baleares pasó a ser Illes Ballears en 1997. Sin embargo, los tres territorios vascos han tenido que esperar hasta este mismo año para ser reconocidos como Bizkaia, Gipuzkoa y Araba/Álava. Han sido necesarios más de 25 años y el empeño incansable del PNV para que, gracias a la necesidad de apoyos de Zapatero para aprobar sus presupuestos, el PSOE finalmente diera su brazo a torcer y acatara la voluntad de vizcainos, guipuzcoanos y alaveses, plasmada en sus Juntas Generales. El PP, por su parte, siempre ha mostrado su oposición a este cambio, que sí apoyaron e incluso impulsaron en el caso de los nombres de Galicia.
Según los expertos, Gipuzkoa procede del término Ipuzkoa, territorio del norte o del borde; Bizkaia, del vocablo bizcar, cima, haciendo referencia a su irregular orografía; y Araba, de la también palabra en euskera alaba, derivada de lau, llanura, adaptación del latín planus, llano. Salvo los territorios vascos y el caso navarro, todas las provincias tienen en el Estado el mismo nombre que su capital, aunque algunas se modificaron posteriormente; ello es así porque su origen es anterior y provienen del euskera. Sin embargo, hasta este mismo año, sus nombres oficiales han sido Guipúzcoa, Vizcaya y Álava.
Las Juntas Generales aprobaron, en 1985, que el nombre del territorio vizcaino fuera Bizkaia; Gipuzkoa lo hizo en 1986 y, tres años después, le llegó el turno a Araba/Álava. A pesar de que la ley atribuye a los órganos forales la competencia de fijar la nomenclatura oficial de los territorios, las instituciones del Estado siempre han mostrado una tenaz resistencia a utilizar estos nombres. Se seguía usando únicamente la grafía española y solo cuando el texto estaba escrito en euskera se admitía la nomenclatura acordada por las Juntas Generales.
El PNV siempre tuvo claro que había que hacer respetar la voluntad de la ciudadanía, haciendo que las Cortes Generales oficializaran ese cambio de designación como órgano competente para fijar el nombre de una provincia. Presentó varias iniciativas en 1991, en 1992, en el año 1996, de nuevo en 2004, en 2006... Una y otra vez, las propuestas de los jeltzales se toparon con el muro de la negativa del PSOE y el PP, que apostaban por combinar los nombres en euskera y en castellano. Los mismos que, paradójicamente, no tuvieron problemas en aprobar los términos de Lleida, Girona, Illes Balears, A Coruña y Ourense.
IRONÍA
La situación se tornó paradójica. Mientras se vetaba el nombre en euskera para los territorios vascos, el PP promovía en Galicia los cambios para las provincias. Pura ironía. Tampoco el PSOE se mostró partidario de utilizar las grafías vascas. "No nos aferremos al monolingüismo impositivo", llegó a pedir la entonces diputada socialista Pilar Unzalu, en 2006. "Algo que ya es una realidad en otras provincias del Estado no lo es para nosotros. Parece que el hecho diferencial vasco siempre nos perjudica", se lamentaba entonces un Aitor Esteban que nunca cejó en su empeño de conseguir que la voluntad de los tres herrialdes se respetara en Madrid. Fue la última iniciativa, en mayo de 2006, que ni siquiera llegó a admitirse a trámite por la postura contraria de socialistas y populares. Un nuevo jarro de agua fría para los intereses vascos.
Pero todo cambió cuando la necesidad de recabar apoyos para aprobar los presupuestos de 2011 sentó al PSOE a negociar. Además del cierre de competencias pendientes y un paquete de inversiones para la CAV, el partido presidido por Iñigo Urkullu logró arrancar al presidente del Gobierno español el compromiso de no dinamitar, una vez más, el cambio de nomenclatura para los tres territorios históricos. "Zapatero rebautiza las provincias vascas por un año más en el poder", titulaba tras los acuerdos un ABC para el que el respeto a la voluntad de sus ciudadanos suponía una cesión inconcebible.
Tras históricas negativas, la carrera por la oficialidad de las nomenclaturas daba el primer paso el 15 de mayo de este mismo año. A pesar de que el Congreso únicamente diera su visto bueno a iniciar el trámite de aprobación, fue un día histórico: nunca antes se había superado ni siquiera ese paso previo. Tras recordar la incoherencia que suponía no aceptar las grafías vascas para Bizkaia, Gipuzkoa y Araba/Álava mientras sí se había hecho con Ourense, Alacant, Girona o Lleida, el diputado jeltzale Aitor Esteban lamentó que existiera una "determinada prevención hacia lo vasco, y ni siquiera estos temas que son simbólicos se permite que vayan adelante, como en el caso catalán, valenciano o gallego, que sí han seguido su trámite sin problemas".
En su intervención, Esteban resaltó que "ha habido una completa falta de respeto por parte de los grupos mayoritarios para aceptar lo que habían dicho alaveses, vizcainos y guipuzcoanos en la cámaras durante las últimas décadas". Los partidos nacionalistas y de izquierdas apoyaron la iniciativa que, sin embargo, contó con la oposición frontal del PP y UPyD. "Razones históricas, etimológicas y culturales avalan esta decisión, conformada por una manifiesta aceptación popular y por una legitimidad indiscutible. Lo que vale para Galicia, Baleares y Cataluña ha de valer como precedente para el País Vasco", defendió el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien ironizó con el cambio de postura de los socialistas.
"Ha sido una bendición este trueque del pacto presupuestario para que ahora se haga justicia en el caso que nos ocupa", se felicitó. Y es que, obligados por el acuerdo presupuestario, los socialistas mudaron su discurso y sostuvieron que "la diversidad y el pluralismo territorial y lingüístico son señas de identidad de nuestro país". Desde CiU, Jordi Xuclá celebraba que "el Estado va avanzando hacia el reconocimiento de su carácter plurilingüístico y pluricultural".
Más beligerantes se mostraron tanto Rosa Díez como Alfonso Alonso. La portavoz de UPyD no tuvo rubor en descalificar la iniciativa aduciendo que "no forma parte de los problemas de los ciudadanos vascos", mientras el popular acusaba a los jeltzales de querer "erradicar" el castellano. "No es apostar por la normalización; es apostar por la imposición y por la erradicación de una de las dos lenguas que conforman esa normalidad bilingüe en la que ha vivido siempre el País Vasco", criticó con dureza. No cejó el PP en su empeño de torpedear la nomenclatura vasca. Cuando la cuestión llegó al Congreso, se topó con una batería de enmiendas presentadas por los populares pretendiendo mantener también los nombres en castellano, que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria. El 23 de junio, 25 años después de la primera aprobación en las Juntas Generales, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba/Álava fueron reconocidos como nombres oficiales tras obtener el respaldo del Senado.
