Bilbao. Algo se mueve en el mundo de los presos de ETA. Pero, en esta ocasión, del lado de las Instituciones del Estado. Más allá de los traslados a cárceles cercanas al País Vasco de presos "arrepentidos" que se han producido en los últimos tiempos, ahora es el Tribunal Constitucional el que, según todos los indicios, puede estar próximo a dejar sin efecto la doctrina Parot. De llegar a buen término esta posibilidad, ello supondría la liberación de facto, de aquí a un año, de al menos ocho históricos miembros de la banda. Actualmente hay cerca de 60 activistas que permanecen en la cárcel en aplicación de esta doctrina, entre ellos Santiago Arrospide, Santi Potros, José Antonio López Ruiz, Kubati, o Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi.

Algunas fuentes situaban ayer la pelota en el tejado de la Sala Segunda, que fue la que derivó el caso de Bildu al pleno del alto tribunal, que legalizó la coalición justo a tiempo para que concurriera a las elecciones municipales. Como en aquella ocasión, dejar sin efecto la doctrina Parot supondría enmendarle la plana al Tribunal Supremo, que en febrero de 2006 estableció que la redención de penas por beneficios se debía aplicar sobre el total de las condenas y no sobre el cumplimiento máximo de pena, de 30 años según el Código Penal de 1973.

Consultado por la propia Sala Segunda, el pleno del Constitucional resolvió recientemente que este debate deberá abordarse caso por caso, por lo que no existirá un pronunciamiento único al respecto. De hecho, si actualmente el alto tribunal tiene sobre la mesa 28 recursos contra esta doctrina que han sido admitidos a trámite -otro medio centenar habría sido rechazado por "motivos formales", entre ellos un recurso del propio Henri Parot-, 24 de ellos corresponden a miembros de ETA y el resto a narcotraficantes y delincuentes comunes. Eso sí, la primera resolución que salga a la luz podría marcar el criterio a seguir en adelante.

Se espera que la Sala Segunda, al parecer la primera que debe adoptar una decisión sobre este asunto, comience a deliberar en cuestión de semanas. Algunas fuentes apuntaban ayer a la existencia de un primer borrador sobre esta cuestión. La magistrada progresista Elisa Pérez ejercería como ponente del primer recurso contra la doctrina, y Eugeni Gay, encuadrado en el mismo sector, sería el presidente de la Sala, por lo que podría ejercer voto de calidad en caso de empate -la Sala Segunda está compuesta por tres magistrados conservadores y tres progresistas-. Fuentes consultadas por Europa Press apuntaban ayer a una posición favorable de miembros de este último sector a revocar la Doctrina Parot.

Amnistía El alto el fuego decretado por ETA en enero, y la condena de la violencia -también de la que ejerce el grupo armado- explicitada por la izquierda abertzale oficial, abrieron para muchos agentes una vía hacia la pacificación y la normalización de Euskal Herria. Los intentos del PNV para que el Gobierno español diera pasos efectivos en este sentido se concretaron primero en el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011, que dieron al gabinete de Zapatero un margen de tiempo para actuar, y después con la suspensión temporal de su apoyo a la espera de lo que sucedía con Bildu, que al final pasó la criba del Tribunal Constitucional.

La revisión, y posible derogación, a la que se va a ver sometida la doctrina Parot puede interpretarse también en este sentido. No en vano, la cuestión de los presos ha sido una de las principales banderas enarboladas por los firmantes de la Declaración de Gernika y por el mediador Brian Currin, al frente del Grupo Internacional de Contacto. La propia ETA ha hecho mención explícita a la doctrina Parot en sus comunicados.

El Tribunal Supremo le dio carta de naturaleza el 20 de febrero de 2006 en una sentencia en la que rechazó el recurso del exmiembro de ETA Henri Parot contra la negativa de la Audiencia Nacional a acumular en una las 26 penas a las que había sido condenado. El alto tribunal fijó un nuevo criterio de aplicación de las redenciones al ordenar que su cómputo se hiciera sobre cada una de las condenas, empezando por la mayor, hasta llegar al límite de 30 años.