En un momento en el que la comunidad internacional debería estar planificando el abandono progresivo de los combustibles fósiles de forma rápida, justa y definitiva, la cúpula dirigente de EE.UU. continúa recurriendo a la guerra para tratar de frenar su declive como superpotencia, sostener el dólar como divisa internacional y asegurar el control de estos recursos.

Esta forma de actuar acentuando todo tipo de conflictos está estrechamente ligados al modelo económico basado en la extracción intensiva de petróleo, gas y carbón causante de la emergencia climática en la que estamos. Estas operaciones también buscan perpetuar el dominio y el colonialismo en la región de los intereses estadounidenses e israelíes.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. ha tratado de dotar de una apariencia de legalidad a sus crímenes de guerra –como en Irak o Afganistán– mediante instituciones y marcos internacionales. Sin embargo, los bombardeos contra Irán, al igual que las agresiones militares en Venezuela o el genocidio en Palestina, muestran una tendencia creciente hacia la utilización directa de una violencia brutal, la destrucción y el poder de la muerte como instrumentos de política exterior.

Las declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth haciendo referencia al concepto histórico del Destino Manifiesto, recuerdan a esta doctrina, surgida en el siglo XIX para justificar la expansión territorial y el dominio capitalista de EE.UU., que se utilizó para legitimar la colonización del país norteamericano y el genocidio de pueblos originarios, siendo muy preocupante su recuperación en el discurso político actual.

Los ataques estadounidense e israelí no responden en absoluto a una pretendida defensa de los derechos humanos o de la democracia en Irán, sino a intereses estratégicos que ha sido el comportamiento histórico y actual de Occidente en Oriente Medio, y que están en consonancia con las alianzas estratégicas que mantienen los países occidentales con diversos regímenes autoritarios. Entre otros, los acuerdos económicos y militares con monarquías del Golfo como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin o Siria, donde los derechos de las mujeres y las libertades políticas no existen.

A su vez, la justificación esgrimida por Israel del ataque por la falta de libertad del pueblo iraní es aún menos creíble, después de haber llevado a cabo un genocidio en Gaza y violado sistemáticamente los derechos humanos de la población palestina durante décadas.

La guerra acarrea más sufrimiento para la población civil, más violencia, pobreza y opresión, como se ha comprobado en otros países de la región, Irak o Siria. A su vez, las instituciones europeas han respaldado o tolerado la intervención militar, a excepción del gobierno español, que ha calificado de “error” y de “ilegalidad” la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El físico, investigador del CSIC y divulgador científico, Antonio Turiel, en declaraciones al diario Público considera que los ataques contra Irán tienen que ver con “reforzar la hegemonía de Israel en la zona”, pero, sobre todo, con “garantizar el acceso privilegiado a los recursos del petróleo, igual que han hecho en Venezuela, porque Estados Unidos empieza a tener un problema muy serio”. Y es que la gran apuesta de EE.UU. durante las últimas décadas ha sido el fracking o fracturación hidráulica. Esta técnica consiste en perforaciones profundas del suelo y quebrar las rocas subterráneas, para extraer de ellas gas natural y petróleo. Pero “los pozos de fracking van a entrar en declive muy pronto”.

El declive del fracking no es ajeno a la Administración Trump, que ve a China como su principal competidor como potencia mundial. China es claramente un elemento a batir. El gigante asiático importa una cantidad elevada de sus hidrocarburos, que es deficitario. En este sentido, la estrategia trumpista no solo consiste en amontonar recursos, sino también en impedir que sus contrincantes geopolíticos puedan acceder a ellos.

El conflicto protagonizado por EE.UU. e Israel a Irán ha derivado en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas, que ya ha llegado a los bolsillos de los consumidores, que impacta en la cesta de la compra, en la energía, en la economía de todas las familias… Tender hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompería esa alta dependencia de las importaciones de combustibles fósiles –en el Estado español alcanza un 70%–, que se reduce según avance el desarrollo de las energías renovables, no exentas de fuerte críticas por la falta de planificación; la eficiencia y el ahorro energético y la electrificación en lo que sea posible; al tiempo que se recortan las emisiones, en el camino hacia un cambio de modelo energético y productivo.

Hasta ahora la transformación energética ha estado en lo eléctrico, mientras sectores como la industria o el transporte siguen confiando en que el petróleo no se acaba nunca. La cuestión es que nunca estuvo en si necesitamos energías renovables, sino en cómo sustituimos los combustibles fósiles.

Dejar atrás a los combustibles fósiles es un imperativo de transformación social. Una salida ordenada y justa de los combustibles fósiles es la mejor respuesta frente al pensamiento fósil de Trump y del resto de países que lo apoyan.

La industria fósil no solo es solo un problema climático, de aumento del calentamiento global, sino también de agravación de las desigualdades sociales.