Quién no ha sufrido más de una vez la frustración de llamar por teléfono y quedarse pegado al aparato mientras una voz metálica, entre sonidos musicales clásicos u horteras, te va derivando hacia diferentes canales una y otra vez sin poder hablar con una persona? Hasta que, ya harto, se cuelga el teléfono y se suelta una maldición o algún taco grosero.

Efectividad, eficiencia y ahorro de costes son siempre la justificación. Estos sistemas se han ido expandiendo en todos los sectores, y más aún con la llegada y la implantación de la IA, que se prevé sustituirá a muchos de los trabajos realizados por personas en los más diversos ámbitos, incluyendo la vigilancia y la seguridad. El futuro ya está aquí.

En nombre de la seguridad hemos visto cómo, en los últimos años, se han propuesto nuevas leyes –recuerden la “patada en la puerta” del ministro Corcuera–, eliminando otras. Las cámaras de videovigilancia han explosionado en todos los países y, según un análisis de IHS Markit (empresa estadounidense de información económica), existirían más de 1.000 millones de cámaras instaladas tanto a nivel público como privado: una por cada ocho habitantes. No hay datos exactos a nivel europeo, ya que no existe un registro oficial. En cualquier caso, el país que parece haberse destacado con la instalación de cámaras CCTV es el Reino Unido, con una estimación de unos cinco millones en el año 2019. La tendencia al uso de la CCTV es general en todos los países; así, por ejemplo, solo en Madrid hay más de 20.000 instaladas.

El number one en este ranking particular lo ocupa sin duda China, donde en el año 2020 se estimaba que tenía unos 626 millones de cámaras entre públicas y privadas, con proyecciones que superan los 1.000 millones en los próximos años, es decir, casi una por habitante. Hay, sin duda, un uso muy importante de esta tecnología: la supervisión de lugares públicos, la regulación del tráfico, la seguridad en edificios públicos o privados y muchos otros ámbitos que tratan de mejorar la vida en lo que comienza a llamarse las ciudades inteligentes.

Lo más llamativo en China es, sin duda, el avance de la IA y su integración en las CCTV y en el reconocimiento facial, que permite la identificación de personas mediante el uso de algoritmos que comparan automáticamente rostros con bases de datos oficiales (por ejemplo, registros de identidad emitidos por el Estado) para reconocer personas buscadas o sospechosas. También permite a la policía localizar a personas buscadas en espacios públicos sin intervención humana directa. En principio, todo muy loable para la seguridad ciudadana y para detener a delincuentes.

Al mismo tiempo que China ha ido desarrollando más tecnología y se ha abierto al comercio exterior, ha ido bloqueando poco a poco la mayor parte de las aplicaciones desarrolladas por empresas occidentales (sobre todo de Estados Unidos): desde las de mensajería y redes sociales (como Facebook, Instagram, X o YouTube) hasta las de entretenimiento como Netflix o Amazon Prime, pasando por las de comercio y pago, las de geolocalización y muchas otras. Para sustituirlas, China ha desarrollado sus propios sistemas, combinando muchos servicios –como pago, mensajería, etc.– e incluso ha creado aplicaciones como TikTok que se han convertido en referencia en Occidente y han provocado litigios con Estados Unidos. Rusia parece querer seguir el camino chino, pero está mucho más atrasada.

China ha construido una verdadera muralla numérica: tan solo un cuarto de las búsquedas en internet se dirigen hacia Estados Unidos, mientras que en el caso de Europa tres cuartas partes lo hacen. Aunque muchas de las aplicaciones han sido de iniciativa privada, todas están reguladas y controladas por el Estado. Claramente, Europa está en la cola de la revolución numérica y aún más en la IA. El informe de Draghi, hace un año, ya puso los puntos sobre las íes en este tema, entre otros.

Por otra parte, China ha creado lo que se denomina el Sistema de Crédito Social, que consiste básicamente en un programa impulsado por el gobierno con el objetivo de promover el cumplimiento de las leyes y de las normas sociales, así como fomentar la confianza en la sociedad. Estos sistemas –pues hay más de uno– incluyen los mecanismos y la tecnología necesaria para recopilar información sobre el comportamiento de personas, empresas y todo tipo de organizaciones, y usarla para otorgar beneficios o imponer sanciones tanto a nivel corporativo como individual.

No existe un sistema único en todo el país, sino diferentes programas en provincias y ciudades que han comenzado a aplicarse de manera progresiva. Tampoco existe un sistema nacional de puntuación como se afirmaba en las primeras noticias. Sin embargo, sí existen listas negras para aquellas personas o empresas consideradas “no confiables” por no cumplir leyes, sentencias judiciales o normas básicas, como saltarse un semáforo en rojo. Estar incluido en ellas puede generar restricciones, como limitaciones para viajar en tren de alta velocidad o en avión, dificultades para acceder a créditos, permisos, contratos públicos u otras actividades en las que pueda intervenir el gobierno local o central. Por el contrario, la inclusión en listas rojas por comportamientos considerados ejemplares puede conllevar incentivos o beneficios de tipo administrativo o financiero. El ecosistema digital permite combinar y contrastar todo tipo de información. No intente pagar en metálico un taxi en Shanghái: le mirarán como a alguien recién llegado de Marte.

El éxito es indudable. Toda esta tecnología, destinada sobre todo al control de la población y de cualquier disensión social o política que se aleje de las normas establecidas por el poder –es decir, por el PCC–, ha hecho que China no solo se haya convertido en el gran comerciante y en la fábrica de bienes de consumo para importantes regiones del mundo, sino que también se esté posicionando como líder en la exportación de estrategias y tecnología de control.

Según informaba The Economist en su edición del 15 de noviembre de 2025, basándose en la Iniciativa Global de Seguridad lanzada por Xi Jinping en 2022, China ha incrementado sustancialmente sus actividades en este campo, ofreciendo formación policial y tecnología de videovigilancia con el foco puesto en la estabilidad interna. No solo está ayudando al control del crimen, sino también al control de los ciudadanos y al mantenimiento del poder de los gobiernos que apoya. Basado en el índice democrático desarrollado por el EIU (Economist Intelligence Unit), un total del 82 % de los regímenes autoritarios habrían recibido asistencia en formación policial, un 86 % de los regímenes híbridos, un 74 % de las democracias defectuosas y un 32 % de las democracias plenas. La asistencia en seguridad ofrecida por China a los países está dirigida, de manera muy sutil, a favorecer el autoritarismo.

Con las grandes inversiones en IA –si no estalla como una burbuja, como algunos vaticinan– el mundo cambiará radicalmente, como lo hicieron la Revolución Francesa o la Revolución Industrial. Las ya no tan nuevas empresas tecnológicas se han quitado la máscara: ya no solamente pretenden aumentar sus beneficios y enriquecerse todo lo posible, sino que aspiran también a controlar la sociedad e incluso a influir en el poder político. Así lo han demostrado los directores de las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos con su actual presidente, buscando una desregulación total que deje campo libre a los nuevos depredadores, como los denomina G. Da Empoli en su libro.

Ya no se conforman solo con el dinero. Personajes como Peter Thiel –por mencionar solo uno–, con su empresa Palantir, que ha trabajado en diferentes países apoyando las agendas de grupos ultraderechistas, buscan abiertamente un modelo alternativo a la democracia occidental. Por otra parte, la concentración de empresas que controlan la producción audiovisual y los canales de noticias amenaza no solo a las salas de cine que todavía conocemos, sino también al pluralismo informativo en cadenas como CBS o CNN, que han sido críticas con la administración actual. La Unión Europea continúa sus esfuerzos por regular y poner límites a los nuevos reyes tecnológicos, lo que abre otro frente de enfrentamiento con Estados Unidos.

Hace unas semanas aparecía en las noticias que un juez francés de la Corte Penal Internacional, Nicolas Guillou, había sido sancionado por Estados Unidos por emitir la orden de arresto contra el primer ministro israelí. Desde el pasado verano vive sin su tarjeta Visa y tampoco puede utilizar ningún servicio operado por plataformas estadounidenses.

ICE ha utilizado de manera regular tecnología de reconocimiento facial en sus incursiones en Minneapolis, penalizando a determinadas personas. Las últimas sugerencias del gobierno de Estados Unidos incluyen desvelar la información personal y privada –actividades en redes sociales, direcciones electrónicas y un largo etcétera– de todas las personas que quieran visitar el país.

Si George Orwell, en su novela 1984, imaginó un mundo futuro como un sistema autoritario de control total, el mundo parece encaminarse cada vez más hacia esa realidad que creíamos solo una novela: un autoritarismo numérico está en marcha.