LA reciente convalidación en el último pleno del Congreso antes de abrirse este breve periodo vacacional del Decreto-ley sobre pensiones puede ser considerada como una de las decisiones más relevantes de este curso político; y también de esta legislatura que concluye a finales del año en curso y que casi nadie auguraba que iba a poder completar el periodo para el que fue elegida. No hay que olvidar que esto no ocurría desde 2015, última vez en la que se completó una legislatura entera, a la que siguieron dos más fallidas (2016 y 2019) y otra (2016-19) que apenas llegó a los tres años efectivos y en la que, tras un prolongado periodo inicial de impasse, se sucedieron dos gobiernos de signo distinto como consecuencia del triunfo (junio 2018) de la única moción de censura que hasta ahora ha conseguido cambiar el gobierno.
Ciñéndonos al tema que origina estas líneas –convalidación del Decreto-ley sobre pensiones–, es preciso reseñar, antes de nada, la importancia de la decisión adoptada por el Congreso. En primer lugar, por la importancia del tema en sí mismo: las pensiones constituyen hoy uno de los problemas centrales de nuestra sociedad (así como también de la de todos los países de nuestro entorno) que afecta a toda la población: a unos de forma inmediata y directa como perceptores en el momento presente de las pensiones; aproximadamente un quinto de la población en la actualidad, lo que es una cifra nada despreciable, pero según las estimaciones realizadas será un tercio en las próximas décadas, hacia mediados del siglo. Y quienes hoy no son perceptores de las pensiones lo serán próximamente cuando les llegue la hora de la jubilación. Por otra parte, el volumen de los recursos destinados a esta tarea tiene una incidencia económica (en las cuentas publicas del Estado) y social (integración y cohesión de la comunidad) determinante para garantizar la estabilidad de la sociedad y del sistema institucional en su conjunto.
Pero además de la importancia del tema en sí mismo, también lo es la decisión adoptada en esta ocasión, que supone un cambio muy significativo en la forma de afrontar la problemática que plantea la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones. En este sentido, hay que recordar que al abordar este problema se ponía el foco únicamente en la cuantía de los gastos derivados las pensiones; cuantía que además es creciente debido, por una parte, al aumento del número de pensionistas en relación con el total de la población a causa envejecimiento que experimentan actualmente nuestras sociedades y, por otra parte, como consecuencia del fuerte aumento de la esperanza de vida que prolonga el periodo de percepción de las pensiones, con el consiguiente coste añadido que ello supone. En estas condiciones, el sistema público de pensiones se encamina de forma imparable hacia su colapso, se nos dice, si no somos capaces de poner freno a esta dinámica expansiva del gasto; lo que obliga a adoptar medidas que conduzcan a la limitación del gasto en pensiones.
Pues bien, las medidas sobre la reforma del sistema publico de pensiones adoptadas en esta ocasión suponen una importante novedad en relación con el planteamiento que se ha venido haciendo hasta ahora, al centrar la atención no solo en los gastos sino también los ingresos, que no dejan de ser parte del problema y, sobre todo, de la solución. Lo que no es ningún descubrimiento sensacional sino más bien algo que parece propio del más elemental sentido común ya que cuando no cuadran las cuentas, en pensiones como en cualquier otra actividad, hay que examinar los gastos pero también los ingresos y la forma de conseguirlos. Es precisamente lo que se hace en esta ocasión con las medidas adoptadas en el Decreto-ley convalidado por el Congreso, lo que supone un importante, y muy positivo, cambio en la orientación seguida hasta el momento sobre este asunto.
Interesa llamar la atención sobre la amplia mayoría parlamentaria que ha respaldado en el Congreso la convalidación del Decreto-ley sobre la reforma del sistema público de pensiones: 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones, lo que ofrece pocas dudas sobre cual es la voluntad mayoritaria de los representantes de la ciudadanía sobre este tema. Pero a pesar de esta amplia mayoría (que, todo hay que decirlo, hubiese podido ser mayor si no hubiese habido abstenciones oportunistas aprovechándose de los votos favorables de otros) no debe pasar desapercibido que también hubo una amplia minoría que no dio su respaldo a las medidas contenidas en el Decreto-ley. Y si bien no cabe hacer ninguna objeción sobre la legitimidad de la decisión adoptada ya que en las Cámaras las decisiones se adoptan por mayoría (no hay otra forma de hacerlo) hay sin embargo materias, ésta es sin duda una de ellas, en las que las decisiones que se adopten conviene que lo sean por mayorías lo más amplias posible.
Si bien a nadie se le puede obligar a votar en un sentido, por necesarias y adecuadas que sean las medidas contenidas en la norma sometida a votación como sin duda lo son las del Decreto-ley que nos ocupa, ello no debe impedir hacer todos los esfuerzos posibles para ampliar el respaldo a las medidas. Y, en cualquier caso, hacer una amplia labor explicativa para transmitir a los agentes económicos y sociales en particular, y a la ciudadanía en general, que las opciones que se ofrecen son las que mejor contribuyen a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones, que no hace falta decirlo constituye uno de los pilares básicos de nuestro modo de vida. Alcanzar acuerdos lo más amplios posibles para consolidar este pilar sobre el que se asienta nuestra convivencia social ha de ser un objetivo común, más allá de las ocasionales y apretadas mayorías numéricas que puedan conformarse en las Cámaras parlamentarias, muy especialmente ante temas como este.
Hay que partir de la premisa de que en temas como éste, más que en ningún otro, no bastan las mayorías parlamentarias apretadas y que las medidas que se adopten deben tener el respaldo, no solo político también social, más amplio. Ahora bien, si bien esta ha de ser la directriz a seguir desde el Gobierno y la mayoría parlamentaria (aunque también hay que decir que no siempre se ha cumplido debidamente) lo que no resulta admisible es la actitud adoptada por parte de la(s) oposición(es) que, desde el primer momento y antes incluso de publicarse el Decreto-ley en el BOE, han mostrado la negativa más total y radical a cualquier tipo de acuerdo en este tema, limitándose una vez mas a repetir los consabidos mantras de la derecha liberal sobre el descontrolado aumento del gasto en pensiones, la urgente necesidad de su limitación y la insostenibilidad del sistema público que lo articula. Hay que decir, de todas formas, que en esta ocasión y a diferencia de otras anteriores, la propuesta del gobierno sí ofrece una cuantificación de la evolución de los gastos, y sobre todo de los ingresos (dato éste de la mayor importancia), que permite hacer previsiones, y en su caso formular las criticas que se estime, sobre la evolución de los equilibrios financieros en torno al sistema publico de pensiones.
Es evidente que en unas medidas de la amplitud y complejidad de las que integran el Decreto-ley que originan estas líneas, es imposible estar de acuerdo en todo y que hay aspectos que no dejan de ser bastante discutibles. Valga reseñar, a título ejemplificativo y sin que ello eluda otras objeciones de diversa entidad, las proyecciones a veinte, treinta o incluso más años, cuya credibilidad resulta más que dudosa. O, en otro orden de cosas y por lo que se refiere al procedimiento seguido, la conveniencia de haber tratado el tema, además de con otras formaciones políticas (aunque algunas, no todas, tuviesen ya fijada de antemano su posición contraria) en el marco del Pacto de Toledo, que es precisamente la instancia más idónea para tratar sobre este tema.
En cualquier caso, la convalidación de este Decreto-ley no supone que el debate sobre el futuro de las pensiones y del sistema público que constituye su soporte esté cerrado; por el contrario, éste va a proseguir, de momento con la tramitación en curso del proyecto de ley, en la que no cabe descartar que pueda surgir algún incidente no previsto; y, seguidamente con las medidas que va a ser necesario adoptar para implementar las previsiones del texto legislativo, porque una cosa es su publicación en el BOE y otra muy distinta, como la experiencia nos enseña, el cumplimiento efectivo de lo que en él se dispone; en especial en una materia como ésta, objeto como estamos viendo de fuerte polémica. Y no tiene nada de extraño que así sea ya que el mantenimiento del sistema publico de pensiones, y las medidas para conseguirlo, constituye un elemento esencial del Estado social que todos decimos defender.
Profesor
