Una Euskadi cohesionada, solidaria y justa

En 1989, Euskadi fue pionera al aprobar el primer Plan integral de lucha contra la pobreza, la primera experiencia en todo el Estado de una iniciativa que comenzaba a desarrollarse en algunos países europeos.

Aquel primer Plan incluyó el denominado “ingreso mínimo de inserción”, esto es, una ayuda directa de emergencia social, a la que se sumaban la puesta en marcha de convenios de inserción laboral que tenían como objetivo evitar la cronificación de las situaciones de marginación social. Esta misma orientación puesta en marcha en 1989, que aúna la protección social con el impulso de la inserción laboral, se ve reforzada con la nueva ley aprobada esta semana en el Parlamento Vasco con un sólido respaldo.

A lo largo de estas tres décadas se ha ido consolidando el ideario social en Euskadi. La estrategia y la acción institucional vasca ha consolidado y reforzado el compromiso público para ofrecer una garantía social y una respuesta solidaria a quienes carecen de recursos suficientes para llevar una vida digna. Este modelo trata de ayudar a las personas en una doble vertiente: social y laboral. Trata de proteger a las personas más vulnerables y ofrecerles, además, una oportunidad de acceso al empleo. La ley aprobada representa un paso más para consolidar este modelo que nos permite seguir construyendo la Euskadi que queremos y por la que trabajamos: solidaria, cohesionada y justa. Una Euskadi cohesionada e inclusiva, que dé respuestas a las personas más vulnerables y facilite su integración social y laboral.

Contamos con un sistema de protección consolidado y sólido. Un escudo social que se ha demostrado eficaz a lo largo de estas últimas décadas y que, desde la máxima representación institucional y política, nos comprometemos a seguir mejorando, desarrollando y ampliando. Este compromiso implica mejorar la coordinación interna para su eficaz ejecución y evaluación, garantizar su sostenibilidad futura y, también, facilitar los sistemas de gestión, seguimiento y control de unas ayudas orientadas a las personas y familias más necesitadas de nuestra sociedad.

Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido positivos. De hecho, Euskadi es una de la Comunidades con menores niveles de desigualdad de toda Europa, nuestras tasas de pobreza están por debajo de la media de los países de la Unión y han crecido las posibilidades de inserción laboral de las personas que se acogen a estos programas. Esta es la visión integral desde la que debemos apreciar el modelo en su conjunto. La nueva ley va a suponer su consolidación y garantizar su sostenibilidad. El objetivo final compartido es ofrecer un proyecto de vida digna para todas las personas.

La crisis financiera internacional desatada a partir de 2008, la pandemia iniciada en 2020 o la invasión unilateral de Ucrania por parte de Rusia este mismo año han incrementado las dificultades y necesidades de la ciudadanía y las familias, en Euskadi y en todo el mundo. Estas dificultades se manifiestan en el mantenimiento del desempleo de larga duración, las personas pensionistas que tienen problemas para llegar a fin de mes, el paro con rostro de mujer, el incremento de personas inmigrantes o refugiadas. Esta es una realidad global que nos obliga a revisar continuamente nuestro modelo de actuación local para actualizarlo y reforzarlo.

La ley aprobada permite abrir una nueva etapa de respuesta a estas necesidades. Así, el sistema vasco de garantía de ingresos va a reforzar, especialmente, las políticas que contribuyan a la incorporación en el mercado de trabajo de aquellas personas vulnerables que cuentan con capacidad laboral. Mantenemos la visión estratégica de que la inserción laboral es la mejor manera de luchar contra la marginación social crónica. Además, la ley incorpora entre sus objetivos la protección y el apoyo a aquellas personas jóvenes que desean construir y desarrollar un proyecto de vida independiente. Asimismo, esta nueva ley refuerza la protección de las necesidades básicas de las personas pensionistas, impulsando un incremento del importe que reciben actualmente.

Esta nueva Ley va a garantizar la adecuación de la prestación a los estándares europeos, atendiendo también a las singularidades que puedan concurrir en Euskadi. En este sentido, se ha acordado incorporar un indicador objetivo basado en la Encuesta oficial de pobreza y desigualdades de Euskadi. Este indicador se añade al de la tasa de riesgo de pobreza de la Encuesta de condiciones de vida que realiza el INE para todo el Estado. La Ley establece que se utilizará como referencia el indicador que garantice una mayor cuantía. De esta forma se aprueba un límite infranqueable de forma que la renta máxima garantizada que corresponda a una persona beneficiaria individual no podrá ser inferior a la mayor cuantía que resulte de la tasa de riesgo de pobreza, esto es, el 60% de la renta mediana equivalente correspondiente al conjunto del Estado.

Euskadi va a seguir siendo un pueblo pionero en solidaridad y protección social. Un pueblo que avanza sin que nadie quede en el camino y que prioriza la generación de oportunidades de empleo para la inclusión social. La Ley aprobada incorpora una gestión más ágil de las ayudas, amplía las coberturas y aumenta las cuantías, además de mejorar los mecanismos de inclusión social y laboral de la ciudadanía. La nueva respuesta solidaria va a ser posible gracias al esfuerzo colectivo que realizan todas y todos los ciudadanos de este País, destinando parte de sus recursos disponibles a responder a las personas más necesitadas. En Euskadi consideramos que la pobreza, la marginalidad o la exclusión no son un problema de quienes lo sufren, sino de la sociedad en la que conviven, en su conjunto. Este es un objetivo compartido que nos impulsa a seguir avanzando en una sociedad más cohesionada, solidaria y justa.

Lehendakari