E L rasgo más significativo de estas pasadas elecciones a Cortes Generales ha sido, en mi opinión, que el franquismo sociológico, a través de Vox, pero también en boca de Casado y Rivera, haya cobrado voz sin arrobarse. El grupo de Abascal -un político profesional desde hace 20 años proveniente del PP- ha alcanzado una representación parlamentaria no desdeñable. Aunque menor de lo que esperaban, es superior, por ejemplo, a la que nunca tuvo el partido comunista de Carrillo o Anguita y mucho mayor que el solitario escaño de Blas Piñar en 1979. Homologado en el aznarismo de FAES, sostenido en lista de espera por Esperanza Aguirre y financiado después por satélites de la inteligencia americana a través de un grupo iraní con sede antes en Irak y ahora en Albania, el patriotismo neoliberal español ha hecho pinza con el invento ciudadano del Ibex-35, y la radicalización del PP, una suerte de asociación de malhechores ahora en manos de un impostor académico. Juntos han planteado las elecciones como si el mayor problema de España fuera la emancipación de Catalunya y no que su juventud, sin acceso a la vivienda y precarizada laboralmente, no se pueda emancipar.

Pero el patriotismo castellano-español inflamado por Vox no sólo ha arrastrado a PP y C’s, sino que ha conseguido también involucrar al PSOE. Muestra de ello es que, los socios de gobierno del PNV en Gasteiz, diputaciones y principales ayuntamientos, utilizaran para su propaganda electoral, inter altre, un texto monolingüe que tuvieron la desvergüenza de buzonear en Euskadi donde mencionaban 29 veces en 33 líneas la palabra “España” sin hacer referencia ni una sola vez a Euskadi o a la población vasca. Esa exaltación del supremacismo patriótico y negacionismo de la plurinacionalidad representa la voluntad por imponer una única identidad nacional, criterio dominante en los partidos españoles, también en aquellos que invocan una España federal. Como recordó Vox en su mitin final de campaña, ya han conseguido que Podemos se presente ahora como valedor de la constitución. O que, como atestigua YouTube, en sus mítines en la España española, Iglesias también grite “¡Viva España!”.

Los análisis poselectorales no han resaltado suficientemente que la derrota del bloque nacional-populista ha llegado como consecuencia de los resultados en Euskal Herria y Catalunya, donde se ha conseguido detener su embestida. Equivale a haber salvado una pelota de set en los dramáticos términos en que el españolismo había planteado las elecciones: 155 inmediato y permanente para Catalunya (PP); fin del Concierto/Convenio para Euskadi y Nafarroa (C’s), supresión de las autonomías (Vox). Si prestamos atención a los números, comprobaremos que los resultados en la España española han estado muy equilibrados y que PSOE y Podemos suman prácticamente igual que PP, C’s y Vox: once millones de votos respectivamente. Ha sido el reparto de los 71 escaños en juego en Euskadi/Nafarroa y Catalunya los que han marcado la diferencia, ya que el frente nacional se ha quedado solo con 9: los dos obtenidos por Navarra Suma, el escaño por Barcelona de la marquesa de Casa Fuerte más los cinco de C’s y el de Vox, todos en Catalunya, porque en la CAV no han conseguido representación. Mientras, en esas circunscripciones, el PSOE ha obtenido 18 y En Comú/Podemos, 12 diputados; es decir, 30; una diferencia de 21 escaños. Si sumamos los escaños obtenidos por cada uno de los bloques en el Estado: 165 y 149, y restamos a PSOE/Podemos los 30 escaños vasco-catalanes del total de 165, y a los 149 del bloque nacional los 9 recolectados en Euskal Herria y Catalunya por los nacionales, resulta que los progresistas españoles han sido superados 135 a 140 por la troika patriótica en la España española. Ergo, con esos resultados, si no es por el rescate del voto vasco/navarro y catalán el trifachito hubiera ganado las elecciones. Esos 62 diputados que representan en Euskal Herria y Catalunya a diferentes soberanías nacionales -española (30), catalana y vasca (32)- son, de momento, el principal muro de contención frente al revival del supremacismo nacional-católico. Aunque no debiera descartarse que, como ya hicieron antes, los representantes del PSOE -PSC, PSE, PSN- vuelvan a votar a favor del 155 para defender la supremacía española, si bien en Euskal Herria y Catalunya el bloque contrario al golpe del 155 es claramente mayoritario (44/27).

El éxito electoral del soberanismo no puede ocultar que décadas de desmovilización permanente y negociaciones a puerta cerrada no han demostrado ser precisamente las fórmulas más eficaces para el autogobierno vasco. El autonomismo, cuando interpreta las elecciones españolas como una fiesta de la democracia parece no entender que el discurso nacional debe ser emancipatorio. Porque es un ejercicio de evasión no querer advertir que la democracia española es una democracia de baja intensidad que niega al pueblo vasco o catalán su derecho a poder decidir o a cumplir con el Estatuto después de cuatro décadas. La democracia española, con su envoltorio constitucionalista, arropa un supremacismo nacional castellano que se disfraza como adalid de la igualdad y libertad “de todos los españoles”. El regateo, según la coyuntura, ha conducido a una degradación política institucional que la renovada falange española desprecia y resume como “cuponazo”. No debiera obviarse que tras varios años siendo decisivos en un precario parlamento español, bien para apoyar los presupuestos de Rajoy, o luego la moción de censura de Sánchez, se ha conseguido? la transferencia de 70 kilómetros de autopista y la financiación de algunos tramos del AVE. Esa estrategia “posibilista” no puede disimular la precarización permanente del autogobierno autonómico al albur de lo que dispongan las instituciones españolas: el parlamento español con su legislación invasiva; las decisiones del Tribunal Constitucional capaces de constitucionalizar cualquier limitación del autogobierno, incluso negar que un parlamento autonómico sea soberano para poder discutir sobre cualquier asunto; o recientemente la Junta Electoral y su pretensión de prohibir la participación en elecciones a candidatos que consideran inconvenientes.

El futuro gobierno español debería ser consciente de lo que debe a Euskadi y Catalunya, así como de los riesgos de no hacer frente al delirio autoritario del nacional-constitucionalismo. Sánchez debería ofrecer una salida negociada a los catalanes y un nuevo estatus a Euskadi y Navarra que garantice el autogobierno y reconozca la plurinacionalidad. Pero para poder llevar a negociar al supremacismo español, en sus diferentes versiones, se deberán activar otros recursos que la mera legitimidad electoral. Sería conveniente descolonizarse ideológicamente y afianzar un espacio comunicativo nacional.