DESPUÉS de conquistar Nápoles para los Reyes Católicos, el Gran Capitán tuvo que rendirle cuentas al Rey, famoso por su enfermiza inclinación al control de gastos, lo que hizo con una lista desorbitada. Esta situación ha dado lugar a la expresión que encabeza este artículo y que se usa cuando las cuentas o explicaciones que se ofrecen son exageradas o desproporcionadas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acaba de presentar el proyecto de reforma de la administración que supondrá, al parecer, un ahorro de 37.700 millones de euros de aquí al 2015. Pero al analizar su contenido vemos que las cuentas no son lo que parecen.
De los 37.700 millones, 16.295 serán ahorros indirectos, para ciudadanos y empresas, no para la administración, y se darán cuando se produzca la total efectividad de las reformas, para lo que es necesario desarrollar la administración electrónica en su totalidad, lo que hasta ahora está en pañales. Y lo que no se dice es cuánto dinero hay que invertir para su implantación. Estamos, pues, ante un 43% del ahorro que no es tal y para cuyo cálculo, además, no se han computado los gastos.
De los restantes 21.405 millones de ahorro directo, 12.966 se corresponden con las medidas estructurales adoptadas en materia de personal, incluyendo las realizadas el año pasado y suponiendo una reducción no solo de funcionarios que se jubilan, que son en torno a 30.000 por año, sino también de personal laboral, que se ha reducido ya en más de 300.000. Sin perjuicio de entrar en si todas las reducciones están justificadas o no, o, a sensu contrario, si las contrataciones estuvieron justificadas o no y quién debería responder por ello, lo que es evidente es que nada de esto es gratis, ya que quien deja de percibir un salario pasa a cobrar una prestación por desempleo, cuyo importe no computa en este informe aunque debería reflejarse porque el INEM también es administración. Es decir, si calculamos el ahorro neto de esta medida este sería muchísimo menor del anunciado.
De los otros 8.439 millones, 1.999 serían gracias a la reducción de entidades autonómicas y consiguiente reducción de personal y 6.440 por las medidas de racionalización administrativa, supresión de organismos y estructuras, eliminación de duplicidades y mejora de la gestión de medios y servicios. Pero lo que se refiera a las comunidades autónomas tendrá carácter de recomendación, porque el gobierno no puede obligarlas a ello, con lo que también queda en entredicho gran parte de esta previsión.
Pero, entonces, ¿cómo se pretende conseguir todo ese ahorro? Pues incluyendo en esta propuesta de reforma la de la administración local, cuyo ahorro previsto es de 7.129 millones de euros, es decir, la tercera parte del total y casi el 85% de las medidas de clarificación de competencias, lo que a mi juicio también es un cálculo erróneo, pues España es un país de pequeños ayuntamientos, la inmensa mayoría rurales, con una repercusión en el gasto público muy por debajo de la administración central y mucho menor del conjunto de las autonómicas, y en los que, desde luego, no se dan esas duplicidades que se alegan como justificación.
Con todo esto, el Gobierno se va a presentar en Bruselas para dar cumplimiento a las exigencias europeas sobre reforma de la administración. Pero la diferencia con la época de los Reyes Católicos es que ahora las cuentas se comprueban. Y cuando a principios de 2016 se obtengan las de resultados de estas medidas veremos si estamos o no ante las "cuentas del Gran Capitán". Y con ello estará en entredicho la credibilidad como país, que es todo menos un juego.
