EL tema del control de los fondos públicos resulta siempre candente y apasiona y preocupa a la sociedad civil y a la clase política aunque por diferentes motivos. La cuestión de qué hacen los que mandan con nuestro dinero empata con la interrogante de qué piensan hacer con los recursos del Estado, que son míos, los que esperan mandar. En el fondo de la cuestión se sitúa la impotencia de la masa crítica ciudadana frente a los sonados casos de fraude, corrupción y despilfarro de los fondos públicos que afloran en todos los niveles del Estado, y su cohorte de agujeros negros y blancos, situaciones de amiguismo y nepotismo, gastos suntuarios y espíritu derrochador en erogaciones de difícil justificación y demás circunstancias de este cariz que no son privativas de un solo país o militancia política determinada, sino que, con mayor o menor incidencia y en mayor o menor grado, se dan en la mayoría de los países, independientemente de su nivel de desarrollo o filosofía política reinante.
Lamentablemente, en el Estado estas situaciones se han sucedido -a veces, en grado superlativo- en las últimas décadas. Y se advierte la ausencia de la práctica del principio de administración pública que los anglosajones denominan Accountability, que es algo más que "rendición de cuentas" y que implica, en la vida real, el desempeño moral y ético de los gestores públicos.
Concurrentemente con esta situación, se encuentra el caso paralelo de los órganos contralores del Estado, en perspectiva interna y externa. Y es este el motivo primordial de este texto. El desempeño en la vida real de las instituciones fiscalizadoras necesita urgentemente de una evaluación técnico-administrativa, de una actualización de sus métodos de trabajo, de una transformación de su filosofía de fiscalización, de una coordinación del trabajo de los órganos de control autonómicos y, en ciertos casos, de una renovación estructural e institucional, por más venerable que pueda ser su existencia centenaria y por más rasgaduras de vestimenta que causen estas sugerencias.
En un Estado moderno no es posible aceptar que el ejercicio del control público se lleve a cabo a través de organismos que desde su mismo origen surgen politizados y aceptan en su organización cuotas de poder político como protección partidista y dilusón de la fiscalización. La politización del control hace totalmente inútil el esfuerzo fiscalizador por más que estos órganos cuenten, como es el caso general, de técnicos cualificados.
Que los políticos comprendan los fundamentos sociales y éticos de una fiscalización realmente independiente es de capital importancia para la preservación de los regímenes democráticos. En las últimas semanas se han conocido, a través de los medios de comunicación, dos casos lamentables que ilustran y apoyan el raciocinio que acabo de exponer. Al de unas horas de asumir la presidencia de una Comunidad Autónoma, el personaje político en cuestión anunció la eliminación de unos cuantos organismos por inoperantes e innecesarios, lo que supondría un ahorro presupuestario. Es un argumento fácilmente vendible políticamente ante el ciudadano. Lo que no es políticamente correcto es amenazar con incluir en el grupo de organismos a eliminar por las razones señaladas, nada menos que al órgano de Control Externo de la Autonomía. Si ese órgano es ineficiente, lo que se precisa es reestructurarlo, cambiar su equipo director y capacitar a sus técnicos; no suprimirlo en aras de obtener un ahorro altamente sospechoso.
En otro caso, probablemente más lamentable, al personaje perdedor, acusado de infinidad de graves irregularidades financieras descubiertas al abandonar su gestión, no se le ocurre otra justificación sino advertir que su oficio era presidir la Comunidad, no actuar de contable. Egregia ignorancia, desconocimiento del concepto de accountabilty -imperdonable en un político moderno y responsable- y falta de respeto hacia la actividad de llevar la gestión financiera de una Comunidad Autónoma, cuya tutela era su responsabilidad ejecutiva.
Las conclusiones son obvias. Si se desea dar la batalla política para una reforma de los controles, más que justificada a la vista de lo acontecido en los últimos tiempos, significa disponerse también a reorganizar la estructura funcional de una parte del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que la organización y función del sistema de contabilidad pública debe estar también sujeto a evaluación y modernización y la estructura funcional y los procedimientos de trabajo del órgano superior de control parlamentario debe, igualmente, someterse a evaluación.
En resumen, la estructura y organización de los sistemas de control interno y externo del Estado se encuentran anquilosados, desfasados y adolecen de incapacidad para apoyar la acción de un Ejecutivo y Parlamento modernos; deficiencias que inciden negativamente, inter alia, en la responsabilidad y transparencia de la actividad pública y parlamentaria y en la lucha contra el fraude, la corrupción, los abusos administrativos y y el despilfarro de los recursos públicos. También en la percepción que de todo ello tienen los ciudadanos. De ahí la conveniencia de reformarlos y fortalecerlos.
