LA presencia de las víctimas del terrorismo en los medios de comunicación es algo habitual en los últimos años y los posicionamientos mantenidos por algunas de ellas respecto a determinadas materias resultan, al parecer, un tanto molestos a cierto sector de la sociedad. Pero pensar que estos planteamientos son compartidos por todas las víctimas es cometer un error, ya que este colectivo es tan plural como la propia sociedad a la que pertenece.

Las víctimas del terrorismo, de ETA y de otros grupos, son ciudadanos que sufrieron en sus propias carnes el zarpazo del terror dirigido contra toda la sociedad. Pretendían someternos a todos y lo pagaron ellas. Por eso es absolutamente necesario que el resto de la ciudadanía actúe para que ellas perciban que queremos compartir ese daño, que esa injusticia no la aceptamos, que sepan que estamos de su parte, que nosotros también reclamamos justicia, verdad y memoria. Las víctimas del terrorismo son, como dice Maixabel Lasa, fedatarios de la deslegitimación de la violencia; son trabajadores del no olvido, de la memoria en la narración de la injusticia sufrida y la sociedad tiene que cubrirlas de un denso manto de solidaridad.

Algunas de estas víctimas han decidido defender públicamente una opción política. Están en su perfecto derecho, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, no compartimos el comportamiento de aquellas que tratan de postular sus posicionamientos y de reclamar el apoyo a los mismos valiéndose de su condición de víctimas. Esas ideas -sean cuales sean- no adquieren un plus de legitimidad porque sean defendidas por víctimas del terrorismo y no se puede medir la solidaridad de una sociedad en tanto en cuanto esas ideas o sus convocatorias tienen mayor o menor adhesión entre los ciudadanos.

Por otra parte, cuando se aprueban leyes que no son del agrado de este sector de víctimas o cuando se aplican estas de una manera que no responde a lo que consideran adecuado o cuando las actuaciones del Ejecutivo no satisfacen sus expectativas, si bien se puede entender su malestar desde un punto de vista humano, no se puede compartir que se lancen acusaciones graves contra el poder ejecutivo y judicial o se pretenda, incluso, forzar al legislativo. La aplicación de la ley puede conllevar resultados no apetecidos, pero ajustados a Derecho y hay que ser respetuosos con las decisiones judiciales que necesariamente se dictan de acuerdo a las reglas del juego democrático y a los fundamentos del Estado de Derecho. Por ello, rechazamos estas actitudes fiscalizadoras y las acusaciones de ser conniventes con ETA hacia quienes no actúan según los criterios de este grupo de víctimas.

Esta postura que mantiene una parte de un colectivo tan amplio y plural como es el de las víctimas, no puede convertirse en una burda excusa para no ejercer nuestro deber moral de ampararlas. No podemos eludir esta labor con el argumento escapista de que han tomado partido por una ideología determinada o de que están todas manipuladas. No. Sus ideas deben ser respetadas -como las de cualquier ciudadano- y su condición de víctima, objeto de nuestra solidaridad.

Toda la sociedad, víctimas y no víctimas, tenemos el deseo y la necesidad de que esta pesadilla del terrorismo termine y tenemos que hacer lo imposible para que termine bien. Las víctimas ya perdieron. No les podemos devolver lo que les quitaron. Ahora tenemos que hacer todo lo que este en nuestra mano por salvar la dignidad de nuestra sociedad y que la memoria que forjemos coloque a cada uno en su lugar. La lectura de estos años de violencia debe ser que todo fue un gravísimo error que no consiguió ni un solo rédito, que sólo produjo muchísimo dolor y que nunca volverá a ocurrir.