LA diferencia entre la democracia británica y la española es que mientras en el Reino Unido se liberaba a Gerry Adams para negociar el logro de la paz, aquí se encarcelaba a Otegi para dificultarla o impedirla. Ganaba la opción de la tierra vasca quemada, sin diálogos, de larga agonía, de daños colaterales, de erradicación solo represiva y a largo plazo de ETA porque, de paso, se condenaba al ostracismo al nacionalismo radical y se inviabilizaba la resolución de la cuestión nacional. Esa estrategia siempre presente en la derecha se asumía por el Gobierno Zapatero tras la T-4, con Rubalcaba a la cabeza, a pesar de que el coste para el Estado de Derecho era inasumible, como ha mostrado una parte del sistema judicial que, poco a poco, ha dicho basta a tanta sal gruesa de pura represión.

Otra diferencia con el Reino Unido es que a los partidos democráticos les parece normal que pueda haber una consulta sobre la independencia de Escocia si los escoceses quieren planteársela y, en cambio, en la democracia española está prohibida cualquier consulta de menor enjundia.

Pero no solo son distintos los principios, también las formas. Basta leer el auto instruido por Baltasar Garzón para darse cuenta de su inconsistencia. Tiene su inconfundible sello: chirridos entre hechos y deducciones; descontextualización para encajar cada actuación en la clave de bóveda del "todo es ETA"; y vaporosa literatura de fantasía hasta generar un relato imposible.

El Garzón-doctor Jekyll juzgando meritoriamente dictaduras del mundo entero y al franquismo, tiene su alter ego, Garzón-mister Hyde, deteriorando el Estado de Derecho y, para los vascos, agrandando su sufrimiento colectivo. Y siempre con el guiño puesto en la opinión pública… española. Para rematar la singularidad del juicio, oficia como juzgadora Ángela Murillo, tres veces desautorizada por llevar al límite su imparcialidad.

En el auto, Garzón identifica unas veces Bateragune con la sucesora de la vieja mesa nacional como "Comisión de Coordinación o Dirección de la Izquierda Abertzale"; otras, con un tipo de organismo parecido a la antigua coordinadora KAS (y que reuniría Batasuna, Ekin, ANV, Askatasuna…) y, en otras, es Ekin. Y todo ello como "frente institucional de ETA" o "complejo terrorista". Al atribuir (solo) a ETA la intención de crear un "polo soberanista", todo aquel que se reivindique del polo está a las órdenes de ETA. ¡Fino razonamiento!

Es un tipo de deducción que la propia Sección 1 (Bermúdez) y Sección 2 de la Audiencia Nacional desacreditaron en los casos Egunkaria y Udabiltza. Igualmente lo hizo la minoría de la sala 61 del TS y el Tribunal Constitucional. El espectáculo de doctrinas tan contrapuestas en el sistema judicial es insoportable. Ya hizo bastante el ridículo la Justicia cuando juzgó a Ibarretxe y López por reunirse con la izquierda abertzale con el impecable argumento de que Batasuna es ETA y de que reunirse era colaborar. Todo el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados debieron ser también juzgados por apoyar que el Gobierno Zapatero se reuniera no con Batasuna sino con ETA. ¡Todos a la cárcel!

Lo especial de este caso es que, en un ejercicio ignominioso, se juzga a quienes públicamente se desmarcaron de la violencia y se tomaron valientemente como tarea lo que la sociedad, las bases abertzales, el propio Estado y la clase política les pedían: conducir a la izquierda abertzale a una estrategia solo política. Eso no se logra sin reunirse y hablar.

Así, en el caso Bateragune se sientan en el banquillo dos derechos. En primer lugar, el derecho de asociación para hacer política pacífica. Se puede interpretar la restrictiva Ley de Partidos, sea en claves garantistas, sea en claves inquisitoriales... o peores que la Inquisición, porque ni siquiera el repetido desmarque de la violencia sirvió al instructor, y ya veremos si a la juzgadora, para reconocer el derecho de asociación de los aber-tzales de izquierda. En segundo lugar, la apuesta por la paz: se juzga precisamente a quienes apostaron por ella. ¿Quién puede entender que se juzgue a los líderes del cambio estratégico, incluida la confrontación ideológica y estratégica con ETA, bajo cuyas órdenes no estaban ni podían estar evidentemente?

Otegi y demás pudieron optar por marcharse a casa pero decidieron asumir las riendas y el riesgo tanto ante el Estado -lo han pagado con cárcel- como ante ETA y los partidarios del continuismo. Era la última oportunidad para evitar un conflicto largo y agónico y la quiebra social de la izquierda aber-tzale. Esta generación de militantes debía terminar la faena. Y han ganado la batalla. Convencieron internamente que la lucha armada era contraproducente. Queda pendiente, para un futuro, una reflexión sobre si la violencia no solo no servía sino que era ilegítima y ajena a las mayorías sociales, incluso contextualizando la ética política en las limitaciones del modelo político español.

Otegi, Díez, Rufi… iniciaron ese lento proceso que tiene como primer hito público la Declaración de Anoeta (2004) -mucho antes de los hechos juzgados- y el logro de una tregua (marzo de 2006) que ETA embarrancó con el atentado en la T-4 poco después (diciembre de 2006). Todo olía a fracaso, pero se desmarcaron de dicho atentado e, inmediatamente, se inició un proceso irreversible de pugna por la toma de la dirección de la corriente frente a una ETA inmadura. Es justamente entonces, ya iniciado el debate dentro de la IA, cuando son detenidos por orden de Garzón. ¿Conspiración? ¿Boicot al proceso? ¿Estupidez?

O sea el delito que se les imputa en la época -asociación ilegal a las órdenes de ETA- ya era inexistente en el momento de la detención, y sí un ejercicio de responsabilidad, como se puede comprobar con el rosario de decisiones de las bases de la izquierda abertzale con posterioridad, a pesar del grave handicap y provocación que era que sus promotores ya estuvieran en la cárcel. Hay ahí una cadena comprobada de decisiones: Declaración de Altsasu (2009), Zutik Euskal Herria, Declaración de Euskalduna, Acuerdo de Gernika, estatutos de Sortu, Bildu… En las elecciones locales y territoriales y, para estupor en España, han demostrado que son una fuerza social tan real como imprescindible para avanzar entre todos. Y que la exclusión solo agrandará el problema y la solidaridad social.

¡Dejen de judicializar la política! ¡Dejen de molestar!