Esta mañana leí la sentencia contra los violadores de una joven en Bilbao. También leí que niegan los hechos. Y después, la descripción de lo que hicieron. No es fácil seguir cuando el lenguaje jurídico empieza a enumerar agresiones por vía anal y vaginal, cuando habla de cosificación, de tratar a una persona como si fuera un objeto. La condena es de 14 años de prisión y 30.000 euros de indemnización, además de las órdenes de alejamiento.
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He intentado hacer un cálculo frío: si cumplen la pena íntegra, saldrán con poco más de treinta años. Es decir, con una vida entera todavía por delante. Trabajo, pareja, hijos quizá. Normalidad. Y entonces el cálculo deja de ser frío. Porque ella dentro de catorce años seguirá viviendo con lo que pasó aquel día. Con el recuerdo, con el miedo que aparece cuando menos lo esperas, con la desconfianza. Los 30.000 euros probablemente se irán en terapia, en medicación, en intentar recomponer algo que no se rompe de forma visible, pero que queda dañado para siempre.
La ley es la que es
No cuestiono a la jueza. La ley es la que es y parece que ha aplicado el máximo. Pero no puedo evitar pensar que hay delitos cuyo impacto no se mide bien en años de cárcel. Hay daños que no prescriben emocionalmente. Y cuando comparo ambas trayectorias —la de ellos al salir y la de ella al continuar— la proporción me resulta difícil de aceptar. Quizá el problema no esté en la sentencia concreta, sino en el marco que la limita. No lo sé. Solo sé que catorce años pasan. Para algunas víctimas, lo ocurrido no pasa nunca.