La vivienda y su falta de oferta a la cada vez mayor demanda es un problema para toda la sociedad, incluso las empresas constructoras. Sobre todo en urbes como Bilbao donde la posibilidad de expansionar su perímetro y ocupar parcelas baldías es inexistente. Solo puede desterrar solares industriales y cambiar su uso a residencial. La falta de este suelo finalista, que denomina el sector inmobiliario, es el gran problema para poder levantar más bloques de viviendas sean sociales, públicas o a precio de mercado. Otro obstáculo que denuncian las promotoras es el largo periodo de tramitación administrativa que requiere erigir un edificio. El responsable de una constructora vasca pone como ejemplo lo comentado por una clienta: “Compré el piso cuando estaba embarazada y voy a entrar a vivir casi cuando va a hacer la comunión”. La legislación general vasca obliga a plazos y requisitos muy garantistas que se ven luego aumentados por la normativa local y el desarrollo de los Planes de Ordenación Urbanística que tardan demasiados años en fraguarse. Ejemplo es el último aprobado en Bilbao en 2022 tras una década de tramitación. Unos plazos que todos los Ayuntamientos reconocen excesivos y que están intentando reducir desde Eudel, la Asociación de Municipios Vascos. Pero lo tienen difícil porque también dependen de los múltiples informes que deben ser aprobados por agencias y organismos estatales para que den el visto bueno final. Lo dicho ¡cuánto cuesta construir!
