CUANDO los sindicatos hablan de derogar la última reforma laboral están planteando lisa y llanamente el derribo de la estructura sobre la que consideran que se está construyendo un mercado precario del trabajo. Gran parte de los ojos de la izquierda está puesta en el cepillado que le puede dar Pedro Sánchez a la normativa laboral. Posiblemente es, junto a la sostenibilidad de las pensiones, el gran reto que afronta el futuro Gobierno español. De los pactos que coseche el partido socialista para auparse a La Moncloa dependerá el cariz de los cambios, pero en el caso del terreno de juego en el que se desarrollan las contrataciones de personal, más allá del reglamento, serán las empresas las que asumirán el principal protagonismo. Los gobiernos solo pueden generar el empleo público de sus trabajadores, los funcionarios. Para el resto, los puestos de trabajo del sector privado, el papel de la administración se centra en sentar las bases de los contratos y poner sobre la mesa estímulos que favorezcan la contración, que no es poco. Sin embargo, si la patronal no encuentra atractivas las fórmulas que se le ofrecen hay riesgo de que se cierre de golpe la puerta del mercado laboral. Por eso el reto del Gobierno español es levantar una nueva estructura laboral en la que la contratación temporal sea un recurso residual y lograr que las compañías apuesten fuerte por el empleo indefinido y de calidad. Un desafío maýusculo que requiere la implicación de todas las partes.
