Menos "secretos"

23.04.2022 | 00:24
Menos "secretos"

El Gobierno no puede seguir amparándose en una ley franquista pensada para el ocultamiento y la impunidad para no dar explicaciones sobre asuntos oscuros como el espionaje masivo

EL terremoto político generado por el escándalo del presunto espionaje a más de sesenta personas del entorno del independentismo está dejando seriamente tocado al Gobierno de Pedro Sánchez. De momento, el presidente se ha acogido a un cómodo y elocuente silencio. Diferentes ministros, desde la portavoz a los titulares de las carteras que pudieran estar implicadas, como Interior o Defensa –de la que depende el CNI–, han intentado capear el temporal bajo el argumento etéreo y genérico del "estricto cumplimiento de la ley" del Ejecutivo, pero escudándose también en la "seguridad del Estado" que impediría proporcionar información sobre si el Gobierno está detrás del uso de Pegasus y, en caso afirmativo, quién, cómo, cuándo y por qué se ordenó la operación. La estrategia no es nueva. La vienen utilizando todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Y parece que pretenden seguir haciéndolo. Resulta sumamente llamativo que gobiernos democráticos y autodenominados progresistas, en especial el actual de coalición, recurran a una ley franquista para evitar dar explicaciones a la ciudadanía sobre algunas actuaciones. Lo han venido haciendo desde 1978, al amparo de la Ley de Secretos Oficiales firmada por Francisco Franco en 1968, en plena dictadura. Una norma antidemocrática, trasnochada, pensada para el ocultamiento, encubrimiento e impunidad ante posibles actuaciones propias de un régimen autoritario y que ha servido para sustraer a la opinión pública el conocimiento y responsabilidad de asuntos como los actos e implicaciones de los GAL, el 23-F, la muerte de Mikel Zabalza o los sucesos del 3 de Marzo en Gasteiz, entre otros muchos. El abuso en el recurso a los secretos de Estado bajo una ley obsoleta es grave e indignante. No por casualidad, PSOE y PP van de la mano tanto en su utilización como a la hora de impedir, hasta ahora, su reforma, exigida de manera sistemática desde hace años por el PNV –primer partido que lo planteó–, sin éxito. La Ley de Secretos no puede amparar un espionaje masivo a políticos, abogados y periodistas, los manejos de un comisario como Villarejo o el espionaje en la trama Kitchen en el que está implicado el exministro del PP Jorge Fernández Díaz, como ha ratificado esta semana la Audiencia Nacional. Un Estado democrático necesita leyes democráticas y transparencia en sus actuaciones: luz y taquígrafos.

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