Editorial

El emérito, suma y sigue

La situación de Juan Carlos I es cada vez más grave e insostenible, después de conocerse que el fiscal le notificó tres investigaciones antes de realizar su regularización fiscal, lo que no le eximiría del delito

21.09.2021 | 01:01
El emérito, suma y sigue

EL recorrido judicial de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre las posibles ilegalidades o delitos cometidos por el rey emérito promete ser tan escabroso como algunos otros aspectos de su azarosa vida privada, varios de los cuales están, por otra parte, conectados entre sí. Si hace unas semanas se conocía que la Fiscalía del Tribunal Supremo consideraba a Juan Carlos I una especie de comisionista internacional, actividad en la que los indicios apuntaban a la posible comisión de al menos cuatro delitos –blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias–, en las últimas horas la información de que la fiscalía había notificado al anterior jefe del Estado la apertura de tres investigaciones sobre su patrimonio con posibles implicaciones penales para él, dos de ellas antes de que procediera a su regularización fiscal, podría abrir una nueva vía para su procesamiento también por delito fiscal. El episodio es gravísimo y puede explicar, en parte, su huida a Abu Dabi, donde permanece desde hace ya más de un año en una situación oficialmente ocultada de forma vergonzosa a la ciudadanía. Si de las notificaciones llevadas a cabo de manera formal a Juan Carlos de Borbón por parte del fiscal jefe del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos –en las que, al parecer, se hacía constar que la investigación podría tener "implicaciones penales"–, pudiera deducirse la atribución de posibles delitos fiscales, entonces las regularizaciones del emérito no serían "espontáneas" como exige la ley, sino que se podrían entender como un intento de eludir su responsabilidad penal, que puede incluir penas de prisión. La situación del padre del actual rey se va agravando a medida que el escándalo de sus actividades presuntamente ilícitas y que le han permitido acumular durante décadas un patrimonio multimillonario opaco es ya difícilmente sostenible. A estas alturas, el curso del recorrido judicial de todas estas investigaciones –sin poder descartar que puedan existir aún más– es incierto. No por la gravedad de los presuntos delitos que puedan imputarse a Juan Carlos I o por falta de indicios y pruebas contra él, sino porque su figura continúa siendo intocable tras décadas de impunidad. La justicia española tiene la oportunidad de demostrar al mundo el cumplimiento del irrenunciable principio de la igualdad ante la ley.

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