A precipitada decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez de hacer decaer el estado de alarma y su dejación de funciones al no plantear reformas legislativas u otras alternativas que doten a las comunidades autónomas de las herramientas imprescindibles para luchar contra la pandemia está provocando, como era previsible, el desconcierto general en las distintas administraciones -incluida la de Justicia- y en la población. No es ese, sin embargo, el único efecto ni el riesgo más notable ante la grave crisis sanitaria sin precedentes que padecemos. La derogación del estado de alarma esta misma noche supone un vacío legal que deja inermes a las CC.AA. y activa de facto una desescalada improvisada y descontrolada, justo lo contrario de lo que -a la vista de las experiencias anteriores- se necesita frente al virus. De ahí la caótica carrera de medidas con las que cada autonomía intenta solventar esta insólita renuncia del Ejecutivo español. En el caso de Euskadi, y como cabía esperar dados los precedentes, el TSJPV ha echado por tierra las medidas que, a la luz de la situación de la pandemia, quería mantener el lehendakari, como el toque de queda, el cierre perimetral y la limitación del número de personas que pueden reunirse. Una decisión que -como era también esperable- es radicalmente contradictoria con la de otros tribunales de justicia que sí las permiten, como los de Baleares o Valencia. La sala presidida por el magistrado Ángel Garrido argumenta que, según el ordenamiento jurídico, las CC.AA. no pueden restringir derechos fundamentales con carácter general fuera del estado de alarma. Siendo difícil de entender que, si esto es así, otros jueces dictaminen lo contrario, lo es aún más que de nuevo nuestros magistrados de lo contencioso-administrativo se erijan en “estrictos” garantes de “derechos fundamentales”, entre los que, obviamente, no sitúan la salud de todos. Ante este impedimento legal para que Euskadi mantenga desde mañana el toque de queda, los cierres perimetrales y la limitación de reuniones, el lehendakari ha optado por adaptar las medidas a ese obligado marco con el objetivo de no generar aún mayor confusión e incertidumbre, minimizar riesgos y evitar un mayor castigo a los sectores más perjudicados. Así las cosas, solo queda apelar a la responsabilidad ciudadana que ciertos gobernantes y jueces parecen haber olvidado.