Editorial

Regulación ajena, gestión propia

Las modificaciones en el IMV, que incluyen a las entidades estatales, impulsan la negativa del PNV a su aprobación y exigen transparencia en la regulación de una protección social que se gestiona en Euskadi

19.02.2021 | 00:50

LA denuncia ayer del PNV de la vulneración de las competencias vascas tras votar en contra del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y que modifica el Ingreso Mínimo Vital (IMV), abre un escenario de desconfianza en el seno de las relaciones entre el partido jeltzale y el Gobierno de Madrid en el terreno de un asunto sensible como es el marco vasco de competencias. Si bien, los cambios del Gobierno español incluidos en el RDL incluyen aspectos que comparte el PNV, como la modificación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos o la ampliación del plazo para solicitar las moratorias de suspensiones, ha sido la inclusión de las entidades estatales del tercer sector a la hora de tomar decisiones, ampliando el campo consultivo respecto a los beneficiarios de la prestación, la principal discrepancia que ha motivado el voto negativo del PNV y la denuncia de la invasión de competencias en el marco de la gestión de la protección social y en un momento, además, en el que se hace más necesario que nunca un sistema de amparo económico fuerte y sin distorsiones para paliar los efectos económicos más negativos de la pandemia y con fuerte impacto en la población más vulnerable. Incluir estas modificaciones, sin tener en cuenta a las entidades locales para la implementación de la ayuda ya que conocen en mayor grado las características de esta población y que en la CAV disponen de un registro propio y que con este Decreto Ley se solaparían, abre la brecha hacia un escenario de desconfianza para una transferencia sin materializar pero con fecha de traspaso de su gestión a las instituciones vascas a través de Lanbide pero así mismo regulada por parte de Madrid. La ausencia de negociación en aspectos importantes y que acaban diluidos en la totalidad de las modificaciones que incluye el texto del Real Decreto, superponiendo la propia visión del ministerio y solapando la competencias propias de la CAV, dibuja una fuerte oposición y exige una incontestable transparencia más si cabe cuando la CAV cuenta con un reconocido modelo propio como es la Renta de Garantía de Ingresos y el pasado mayo se acordó con el Gobierno central la ayuda estatal como base que en Euskadi se completaría con la RGI.