Editorial

El PP busca el conflicto institucional

30.11.2020 | 01:13

En su ofensiva contra Pedro Sánchez, el Partido Popular pretende utilizar a los ejecutivos autonómicos bajo poder 'popular', una estrategia de confrontación y difícil encaje democrático

EL arranque hoy en el Congreso de los Diputados del debate de las distintas enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, cuyo punto álgido y decisivo será el jueves con las votaciones de las secciones presupuestarias, abre una semana que se presenta intensa desde el punto de vista político, momento en el que con toda probabilidad volverá a escenificarse el clima de tensión, enfrentamiento y ruptura de puentes entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición, en especial el PP. Este ambiente de confrontación y de ausencia de diálogo y acuerdos básicos no es nuevo y ha resultado y seguirá siendo paralizante y en consecuencia negativo, más aún en este momento de grave crisis debida a la pandemia y en el que hay que abordar una recuperación que será muy larga y complicada. No se trata solo de la aprobación de los Presupuestos, una cuestión vital para cualquier Ejecutivo, pero más aún ahora. La declarada estrategia del PP de Pablo Casado sigue siendo la de acoso sin descanso a Sánchez. El líder popular ha diseñado una ofensiva en toda regla a lo que denomina el "sanchismo", con el agravante de que pretende utilizar para ello a las comunidades autónomas en las que gobierna su partido, con lo que abriría un conflicto institucional en toda regla. De hecho, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha confirmado que Casado quiere gestionar la oposición al Gobierno del PSOE y Podemos "desde los gobiernos autonómicos del PP", una estrategia de difícil encaje democrático y que los propios populares han criticado en múltiples ocasiones cuando ostentaba el Ejecutivo del Estado. Esta nueva ofensiva, que se visualizará de forma nítida en el debate presupuestario en el Congreso, plantea, por ejemplo, bajadas de impuestos en las autonomías bajo el poder del PP frente al intento de homogeneización fiscal de Sánchez así como una legislación ad hoc mediante decretos u órdenes autonómicas "para descafeinar" (sic) la ley de Educación (Lomloe). Todo ello, unido al enroque del PP para impedir un acuerdo sobre la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que bloquea también la elección de la presidencia de tribunales superiores, como el vasco– y del Tribunal Constitucional (TC). Una deriva que sitúa al PP más como una formación antisistema que como un partido de Estado.

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