Editorial

Estado de alarma con gestión propia

26.10.2020 | 02:11

El decreto del Gobierno español da garantía jurídica y un marco general a las medidas necesarias para luchar contra el virus bajo la autoridad y el criterio del lehendakari

LA segunda declaración del estado de alarma decretado ayer por el Gobierno español –de naturaleza, tanto en fondo como en forma, muy distinta al que tuvo lugar en marzo con el confinamiento generalizado de la población– es el paraguas que da cobertura y, por tanto, garantía legal a las medidas y restricciones imprescindibles para frenar la extensión de la pandemia de covid-19 que sigue estando tanto en Euskadi y Nafarroa como en otras muchas comunidades en cifras que amenazan con ser insostenibles. Las tres grandes disposiciones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros –esto es, el cierre de la actividad nocturna con prohibición de circular por la calle al menos entre las 23.00 y las 6.00 horas salvo causa de fuerza mayor, la posibilidad de que las autonomías limiten las reuniones a un máximo de seis personas y el posible cierre territorial de las comunidades– constituyen el núcleo del paquete de medidas ya acordado en Euskadi y parcialmente tumbado por el TSJPV. Son, por tanto, limitaciones que se antojan imprescindibles para frenar los contagios y que la disparidad de criterios de los tribunales obligaba, tal y como pidió el lehendakari, Iñigo Urkullu, a declarar el estado de alarma. Con buen criterio, estas normas estarán establecidas y gestionadas en Euskadi por el Gobierno vasco bajo la autoridad del lehendakari, que decidirá si adelanta o atrasa el horario del cese de la actividad nocturna así como si cierra la muga con otras comunidades o la clausura perimetral de municipios o barrios, siempre en función de la evolución de la pandemia. Tras los errores y conflictos en la gestión del anterior estado de alarma, Sánchez ha hecho ahora una lectura inteligente y acorde a la situación y a la realidad de un Estado autonómico estableciendo un marco general abierto a la toma de decisiones en función de las competencias propias del autogobierno. Ahora, con la garantía jurídica asentada, el Gobierno vasco debe articular y poner en marcha las medidas adecuadas para lograr el objetivo marcado de doblegar al virus. Por su parte, la ciudadanía debe –pese a lo duro y doloroso de las restricciones que se establezcan– asumir también su responsabilidad, actuando con precaución y con respeto estricto a las nuevas normas, que pretenden evitar a toda costa un nuevo y perjudicial confinamiento general. Está, de nuevo, en la mano de todos y todas.