LAS insólitas resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) mediante las que se acuerda la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, y se niega el acta de europarlamentario a Oriol Junqueras pese a la claridad y contundencia de la sentencia del Tribunal Europeo, tomadas menos de 24 horas antes del inicio de la sesión de investidura a la presidencia del Gobierno español que arrancó ayer en el Congreso de los Diputados, son claramente descriptivas de la imperiosa necesidad de hacer real la declaración de intenciones del candidato Pedro Sánchez, que en su discurso de ayer instó a "recomenzar" el abordaje del problema territorial en Catalunya y Euskadi, abrir el diálogo sin cortapisas y "dejar atrás la judicialización" del conflicto político abierto. Ello supone, en efecto, dar marcha atrás a las políticas y actitudes llevadas a cabo hasta ahora por los distintos gobiernos, donde la apelación y el recurso a los tribunales -y lo que no lo son propiamente, como la Junta Electoral, un órgano administrativo- y sus decisiones están condicionando la vida política y social del Estado. Es por ello que la presidencia de Pedro Sánchez, que previsiblemente se hará efectiva el martes, supone una oportunidad para abrir mediante el diálogo una vía política a la solución de los cada vez más acuciantes conflictos del modelo territorial del Estado y también a los problemas sociales y económicos de la mayoría de la ciudadanía. Se trata, en definitiva, de llevar al terreno político los conflictos políticos, tal y como se define en los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y con el PNV, frente a las peligrosas derivas -tal y como se está evidenciando- de judicialización de los contenciosos abiertos, que, por si había alguna duda, las derechas se comprometiron ayer a agudizar aún más. Sánchez adoptó ayer un nuevo tono y un nuevo talante, imprescindibles para lograr su investidura y que es de esperar no sean puro oportunismo para ser presidente. El tono bronco, faltón, sobreactuado y apocalíptico tanto de PP como de Vox y Ciudadanos, reticentes a cualquier solución democrática, deben ser acicates para abordar con garantías la nueva legislatura que se abre, con tantas dificultades e incógnitas. Sánchez se juega no solo su credibilidad sino su futuro y el de su partido, así como la gobernabilidad, la estabilidad y la convivencia de las diferentes naciones del Estado. Suya es la responsabilidad, que es mucha.
