Editorial de DEIA

Irresponsabilidad compartida

Sindicatos y patronal de la concertada, en su incapacidad para hallar una solución, superan los límites del conflicto laboral y eluden su compromiso con el derecho a la educación de decenas de miles de alumnos

09.02.2020 | 19:04

Sindicatos y patronal de la concertada, en su incapacidad para hallar una solución, superan los límites del conflicto laboral y eluden su compromiso con el derecho a la educación de decenas de miles de alumnos

LA convocatoria por los sindicatos ELA, Steilas, CCOO y LAB de un mes de huelga (del 7 de noviembre al 5 de diciembre) en los centros escolares de la red concertada vasca pertenecientes a Kristau Eskola y Aice-Izea desborda los límites de un conflicto estrictamente laboral y afecta directamente al derecho a la educación de más de cien mil alumnos de dos centenares de colegios, alrededor del 70% de la enseñanza no pública vasca. El profundo desacuerdo en torno a las condiciones laborales no es nuevo, se extiende ya por tercer curso consecutivo -los 21 días de huelga de esta convocatoria se añaden a los 3 del curso 2017-18 y los 24 días del 2018-19- y ni siquiera la actualización del concierto educativo por parte del Gobierno vasco con la prolongación del mismo hasta 2022 ha logrado acercar posturas entre la patronal y los sindicatos, bloqueados en la incapacidad de negociar. Aunque las centrales acusan a los responsables de la concertada de inmovilismo y exigen al gobierno que actúe sobre la patronal y esta considera sus pretensiones inasumibles mientras liga los salarios a la financiación pública (cuando ya ahora siete de cada diez euros de los gastos de los centros concertados los financia el Departamento de Educación), lo cierto es que ambas partes pretenden trasladar la que es su responsabilidad, compartida, toda vez que ni siquiera han accedido a dirimir sus diferencias con la mediación ofrecida por el Departamento de Trabajo. Kristau Eskola y Aice Izea no pueden ignorar que la reiteración de las huelgas, en este caso también su desmesura, incide directamente en la calidad de la educación que pretenden ofrecer ante la pérdida de horas lectivas, especialmente en cursos clave en el curriculo educativo, lo que finalmente ya redunda en las matriculaciones. Los sindicatos, que tampoco deberían obviarlo, no pueden caer en la tentación de enmarcar en diseños de lucha sindical más amplia su reivindicación, llevándola a extremos que cuestionan el compromiso con una educación de nivel, insoportables para las familias que optan por la red concertada. Y, llegados a este punto de bloqueo, las AMPA deberían evitar el riesgo de convertirse en herramienta de presión de las partes al dirigir de modo erróneo su reclamación de soluciones a quien ya contribuye de manera más que esencial al sostenimiento de una educación que, en la mayoría de los casos, las propias familias han elegido diferenciada.