DETENCIONES preventivas por la Guardia Civil, sin advertencia previa al Ministerio, de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y su envío a prisión bajo la dura acusación de terrorismo, así como su valoración policial y política, también su exposición y tratamiento mediáticos... Interpretaciones exageradas de una discusión parlamentaria, más o menos airada, también se antoja que buscada solo por una de las partes, como una auténtica trifulca... Recuperadas exigencias desde PP y Ciudadanos de una inmediata aplicación del artículo 155 y, por tanto, de la suspensión de la autonomía catalana junto con peticiones de iniciativas legales contra el president Torra... Forzadas reacciones desde el Gobierno Sánchez, con admisiones ministeriales de una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional de declaraciones aprobadas en el Parlament... Que todo confluya en una espiral de crispación en apenas dos días no puede considerarse ajeno a la pretensión de dibujar un forzado ambiente de enfrentamiento que pueda entenderse como violencia en Catalunya en vísperas de que el Tribunal Supremo dicte sentencia en el juicio por el procés contra los políticos soberanistas catalanes Bassa, Borrás, Cuixart, Forcadell, Forn, Junqueras, Mundo, Romeva, Rull, Sánchez, Turull y Vila. Y quizá tampoco sea ajeno a la intención de volver a utilizar a Catalunya como argumento de campaña en las elecciones a Cortes del 10 de noviembre, como ya hiciera la triple derecha española en las elecciones andaluzas de hace solo diez meses. A río revuelto... La presunta existencia de elementos extremistas descontrolados y el hecho de que sus actitudes puedan llegar a ser o llegar a interpretarse como violentas es algo que había debido prever, prevenir y evitar el soberanismo catalán que actúa y se define como absolutamente pacífico. Y, pese a la dificultad, sin dejar lugar a la más mínima duda, como esa que aflora con la operación policial. Y, en el otro lado, forzar con fines represivos el marco legal -al que se refería ayer el ministro Marlaska en referencia a Torra y que ya se ha hecho en la tipificación de los delitos en el juicio del TS- y restringir hasta invalidar las posibilidades para el ejercicio de derechos que dicho marco puede llegar a ofrecer es exactamente lo opuesto a un antídoto a las desviaciones extremistas. ¿A quién le interesa?