Editorial

Suspenso general

Sindicatos y patronal de los centros concertados de iniciativa social se reparten la responsabilidad en prolongar un conflicto que amenaza la sostenibilidad de una parte relevante de la red educativa vasca

09.02.2020 | 02:34

SINDICATOS y patronal de los centros escolares de iniciativa social de la educación concertada vasca han decidido dar por perdido el curso 2018-2019. La absoluta falta de flexibilidad en ambas partes ante las exigencias o necesidades de la otra, la ausencia de sensibilidad hacia la tercera y más importante porción del sistema educativo con concierto, los alumnos y sus familias; e incluso la insuficiente visión global del futuro inmediato al que puede abocar a la educación concertada la perpetuación del conflicto han llevado a dos nuevas huelgas, hoy y mañana, que elevan a veintiuna las jornadas perdidas desde setiembre, nada menos que hora y media por cada diez lectivas. El quebranto es en todos los niveles más que relevante, pero afecta de modo evidente a quienes cursan Segundo de Bachillerato y deben afrontar en apenas un mes una prueba de Selectividad de la que depende su futuro académico. De ahí que la responsabilidad en el mantenimiento de la huelga, compartida por las centrales sindicales (ELA, Steilas, CC.OO., LAB y UGT) y la patronal de Kristau Eskola, sea una completa incoherencia con la supuesta preocupación por un desempeño educativo suficiente y de calidad que esgrimen ambas partes. No en vano amenaza con trasladar el conflicto al próximo curso, lo que supone otro motivo de preocupación para las familias y se puede convertir asimismo en un nuevo factor decisorio de las matriculaciones, con el consiguiente efecto en la sostenibilidad de los centros concertados de iniciativa social -un 70% de la red de la educación concertada vasca, con 215 colegios-, lógicamente también de las necesidades de profesorado y personal en esta -9.000 trabajadores en la actualidad-, y por ende y a continuación en las condiciones a tener en cuenta cuando, dentro de tres cursos, se deba renegociar el concierto educativo. Así que sostener enconada la relación entre sindicatos y patronal y no resolver el conflicto, dejándolo pendiente para setiembre y a expensas de la nota de un tribunal externo -la aplicación de la legislación laboral por el Departamento de Trabajo-, se antoja contraproducente para las 120.000 familias que han confiado hasta ahora la educación de sus hijos a los centros de iniciativa social pero no menos para quienes se responsabilizan de la gestión de los mismos y para quienes lo hacen de la labor educativa en ellos.