A comprendo que, en comparación con las performances de una Díaz Ayuso y el bombo y platillo de su prensa afín, los datos reales resultan aburridos. Pero sigue uno empeñado en su cruzada por debatir de todo pero con hechos.

Si estoy entendiendo bien esto de la judicialización del reparto de fondos europeos que pretende el PP, la queja es que hay 9 millones de una partida 1.124 de los que no han pillado cacho las autonomías que gobiernan ellos. Que Euskadi esté entre las que sí han recibido -dos millones- escuece, como de costumbre, más por el rascado que por el grano. Resulta que, de lo repartido hasta la fecha, a Euskadi le ha correspondido un 3,40% del total. Aunque la CAV suponga el 6% del PIB del Estado y el 4,6% de su población y pague en concepto de Cupo el 6,24% de, entre otras cosas, los intereses anuales de la deuda pública española, que se genera por todo el gasto de un modelo presupuestario deficitario que sostiene en las comunidades de régimen común los servicios que Euskadi se paga solita.

Hasta aquí, los datos que normalmente se obvian en los discursos grandilocuentes de Ayuso, Casado y, sorprendentemente, un bien aprendido Núñez Feijóo que no está para frenar la desbocada corriente interna de su partido sino para flotar en ella. La absoluta irresponsabilidad de estos planteamientos no tendría tanta importancia si todos la mirásemos con la miopía cortoplacista de su precampaña electoral, que empieza este mismo año en Castilla y León. Pero esta incontinencia desborda cualquier pañal y extiende la peste de la duda interesada hacia todo el programa de reconstrucción poscovid financiado por la Unión Europea hasta el punto de que una iniciativa valiosísima y sin precedente es atacada en su línea de flotación -la de la equidad en el reparto y la utilidad de las inversiones- por el ombliguismo poltronero de unos pocos.