N cierto modo, el indulto es una enmienda a la administración de justicia. Cuando se utiliza como lo ha hecho Donald Trump, para sacar de la cárcel a sus amigos y parientes condenados por delinquir en su favor, es difícil no recelar. Ocurre que esto de ponerse digno va por barrios. A la Fiscalía del Tribunal Supremo, que con tanto ahínco construyó el caso contra el procés catalán, no le gusta que el Gobierno de Sánchez contemple enmendarle la plana con indultos a los condenados. Sus informes concluyen que no hay motivos de equidad, reinserción o reparación del daño. A su vez, el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas y secretario de Justicia del PP, Enrique López, también rechaza la medida porque "muchos de los condenados no solo no se arrepienten, sino que dicen que volverían a hacer lo mismo, justifican lo que hicieron y no asumen su culpa". Y a la luz de los argumentos de unos y otros, recuerdo perplejo los indultos a unos 40 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado indultados por Aznar, Zapatero y Rajoy tras ser condenados por torturas o de aquel guardia civil indultado tras grabar un abuso sexual en lugar de evitarlo. Ahora, me explican la equidad, reinserción y reparación del daño que halló la Fiscalía en esos 41 o eso de que algunos no se arrepienten y volverían a hacerlo. Por lealtad a la patria y pura convicción, incluso.
