LA sentencia del caso Cabacas es sin duda polémica, en línea con los procesos mediáticos y mediatizados y sujetos, por ello, a la manipulación, en especial si -como en esta ocasión- se impregnan los hechos de un componente ideológico-político. Ya nos vamos acostumbrando.

El fallo es polémico porque no contentará a nadie. Ni siquiera al tribunal que lo ha emitido tras juzgar las pruebas y testimonios. Los jueces lo ponen de relieve negro sobre blanco, a caballo entre la resignación, la indignación y, por qué no, la exculpación propia. Nada es gratuito.

Y, sin embargo, lo primero que cabe decir leídos los 48 folios, es que se trata de un fallo ajustado a las pruebas y a las circunstancias en las que han debido desenvolverse los magistrados y que para un no jurista parece bien fundamentado. Nada diferente, por mucho que duela, de lo que ocurre con los miles de casos que resuelven a diario los tribunales, aunque en esta ocasión con unas aristas abundantes y cortantes.

Habrá quien piense que la sentencia no ha “hecho justicia” -concepto etéreo, inasible, teológico-, que no ha “resuelto” el caso, que no ha llegado al fondo o que la condena no es “suficiente” ni alcanza a todos los implicados. Eso, que puede deducirse de la literalidad de la propia resolución, no significa en modo alguno “impunidad”, como apresurada y espuriamente -concepto en el que, evidentemente, no entran los padres de Iñigo- se han encargado de divulgar algunos.

Los jueces han condenado al único encausado al que era posible condenar. Así de duro. Pero la sentencia desliza cuestiones muy preocupantes y resbaladizas. Habla de carga “injustificada” por el uso de pelotas de goma, de un lanzamiento de objetos a la Er-tzaintza no masiva ni generalizada ni con la entidad suficiente para motivar el uso de material antidisturbios, de actuación “inadecuada” y no acorde a los protocolos. Pero, sobre todo, censura de manera cruda los diez minutos de auténtico caos en los que se desenvolvió la actuación, el descontrol de los agentes, la descoordinación entre los mandos y, sobre todo, la “deficiente investigación” posterior que ha dificultado o impedido llegar más allá.

Más dudosa es su interpretación de que la propia presencia policial y el número “injustificado” de ertzainas generó la “tensión”. Y, en lo más inquietante, deja entrever que pudiera haber personas contra las que no puede pronunciarse al no estar “encausadas”, insinuando que podrían tener alguna responsabilidad. Todo indica que el caso tendrá aún mucho recorrido. Judicial... y político.