LA denominada ley vasca de abusos policiales dio ayer inicio a su tramitación en el Parlamento, una vez convenientemente reformados algunos de sus preceptos con el objetivo de garantizar su seguridad jurídica después de que el Gobierno de Rajoy la hubiera recurrido en su día al Tribunal Constitucional. La fórmula adoptada para evitar su más que posible anulación ha sido, básicamente, centrar su ámbito de actuación y las competencias de la Comisión de Valoración en el reconocimiento de las víctimas de estas graves violaciones de los derechos humanos y obviar las posibles responsabilidades de sus perpetradores, que corresponderían al ámbito judicial.

Con todo, el riesgo sigue existiendo. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez retiró el recurso, facilitando su aggiornamento, pero no es seguro que el PP deje pasar la oportunidad de acudir al Constitucional, presentándose como el gran valedor de “la defensa de la independencia del poder judicial, el honor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la dignidad de las víctimas del terrorismo”, tal y como rezaba la insólita pancarta que presidía el miércoles la protesta ante el Palacio de Justicia de Bilbao de sindicatos de policías y guardias civiles, con el extravagante apoyo de ErNE contra esta ley.

Quienes se oponen a la norma -el PP, colectivos de víctimas de ETA y las centrales policiales- argumentan que “equipara” a las víctimas y usurpa funciones exclusivas del poder judicial. Respecto a la primera cuestión, las víctimas de abusos policiales ya están actualmente “equiparadas”: exactamente a sus impunes verdugos. Indigno. Porque el no reconocimiento como víctimas, del daño que han padecido durante décadas mientras el Estado -jueces, fiscales, instituciones y fuerzas de seguridad, incluidos sus sindicatos- miraban para otro lado es, simple y llanamente, una injusticia.

Sobre la segunda cuestión, el poder judicial -como dejó claro el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra- puede sacudir la independencia del Legislativo, invadir la arena política y sentenciar si un acuerdo político está bien o mal y dictar sentencias políticas tras juicios injustos -Estrasburgo dixit- aunque sea por “mayorías exiguas” -tres contra dos en la Audiencia Nacional, siete contra cinco en el TC- sin consecuencia alguna. Y, sí, mirar para otro lado en otras cuestiones. Pero un Parlamento democrático no puede “invadir” labores de los jueces. Son las reglas del juego. Acatadas están.