EN Catalunya no ha habido un golpe de Estado. No ha habido una rebelión en el sentido que establece el artículo 472 del Código Penal, es decir, un alzamiento violento y público. No ha habido tampoco sedición, un delito vinculado al alzamiento público y tumultuario, como fija el artículo 544 del Código Penal. Lo que era y -tras (o pese) a la instrucción practicada por el juez Llarena y el auto dictado ayer por la sala II del Tribunal Supremo mediante el que abre juicio oral contra los líderes del procés- sigue siendo una obviedad para cualquier observador desapasionado o que crea mínimamente en el real y leal concepto de la justicia está empezando a ser compartido por el actual Gobierno español. Bienvenidos al mundo de la luz y la razón.

Los insultos que está cosechando Pedro Sánchez -“golpista”- desde lo más reaccionario de la escena política y mediática española -incluido, por supuesto y especialmente, el nuevo Partido Popular de Pablo Casado- son la prueba del nueve de que este proceso al procés no es sino una construcción política basada en un relato de hechos ad hoc con un final establecido en el guion al que luego se le añade verborrea pseudojurídica.

Pero en esta película el Gobierno de Sánchez tiene también su prueba del nueve. Tanto el presidente como la vicepresidenta -y atención, porque Carmen Calvo y varios ministros (Grande-Marlaska, Dolores Delgado y Margarita Robles), son reconocidos juristas- han venido a afirmar en los últimos días, aunque con la boca demasiado pequeña, que no hubo rebelión. Y el marrón se le avecina por medio de la Abogacía del Estado, que, como afirma el auto de ayer del Supremo, “mostró su conformidad con el auto de conclusión del sumario e interesó la apertura de juicio oral, por la presunta comisión de delitos de rebelión de los artículos 472 y concordantes del Código Penal, delitos de desobediencia del art. 410 del CP y delitos de malversación de caudales públicos”.

¿Y ahora? Pues el Tribunal ha dado cinco días a las acusaciones -el partido neofascista Vox es una de ellas- para que presenten sus escritos. Con el Gobierno reculando, ¿mantendrá el abogado del Estado la petición de penas acordes al delito de rebelión? ¿Y la Fiscalía? Nada de lo que hagan será congruente: o chirriará con lo anterior o patinará con lo ac-tual. Otro signo más del carácter puramente político del caso.

Con el añadido, muy significativo, de que Sánchez necesita los votos de los independentistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos y estos le exigen gestos claros con los presos. Pero no le servirá cambiar rebelión por sedición, que, aunque menos, sigue implicando muchos años de cárcel. En cualquier caso, lo único cierto es que 18 personas -la mitad en rebeldía- se sentarán en el banquillo por haber liderado aquel procés que proclamó la República catalana y luego la congeló. O la criogenizó. Las consecuencias políticas y sociales de una previsible larga condena serán nefastas. También para Sánchez.