HOY conoceremos la sentencia del caso Nóos, que implica directamente a la Casa Real. Que no cunda el pánico. No es que uno esté especialmente dotado para ver el futuro pero basta ser consciente de la lógica -y la de Estado es una lógica muy poderosa- como para prever que la resolución del tribunal no va a gustar ni a tirios ni a troyanos. Iñaki Urdangarin cargará con la culpa y será condenado mientras que la infanta Cristina de Borbón, la que no sabía nada de nada de lo que pasaba, la hermana del rey, la hija del emérito, la apestada, quedará convenientemente exonerada y aquí paz y después, gloria.

Sabida la sencilla quiniela, la única duda es si la condena será suficiente como para que Urdangarin pise la cárcel. Será difícil que no lo haga, dada la gravedad de los delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Todas las modalidades de corrupción, personificadas en un individuo con cara de no romper un plato pero que se llevó a su bolsillo unos cuantos millones, con la complicidad, cooperación, sumisión, servilismo y connivencia de políticos y gestores de lo público como Jaume Matas que, ante la sola mención al rey en los turbios tejemanejes de su yerno (y, lógicamente, su hija) doblaban la cerviz e inyectaban dinero de todos para la causa, que no era otra que el enriquecimiento personal de la pareja entonces real. Durante el juicio ya quedó claro que el más que probable conocimiento de los chanchullos por parte de Juan Carlos de Borbón quedaba al margen de la justicia española. Así funciona la cosa nostra, que incluso intentó comprar la retirada de la acusación a la infanta.

Por ejemplo, si alguien dudaba de por qué el fiscal del caso Nóos se había enfrentado al juez instructor José Castro pese a que al inicio iban de la mano y por qué no siguió con la acusación a la infanta, tiene la respuesta en la vergonzante pelea entre los fiscales de otros casos de corrupción y el fiscal general del Estado a la que estamos asistiendo estos días. Unos acatan las órdenes -Nóos- y otros -como los de Púnica- se rebelan y, al menos en teoría, buscan justicia. Son casos que implican, cómo no, al PP. Debe ser eso lo “anómalo”, como dice el ministro de la cosa, Rafael Catalá, que no duda en dar la razón “a los jefes”. El problema es quiénes son esos “jefes”.