Bárcenas y Euskadi
Como revelan los papeles del extesorero del PP, él y su partido usaron a ETA como excusa para la corrupción, aunque ello supusiera mentir sobre el asesinato de sus cargos
NO. No voy a referirme al surrealismo que rodea algunos pasajes de la declaración de Luis Bárcenas ante el juez, a los de la “contabilidad extracontable” de la caja B, a los ahorros que le permitieron estar años sin pisar un cajero, a los viajes a Ginebra justificados por su afición al esquí, etc. Todo eso, incluida la financiación ilegal del Partido Popular que subyace en el caso, es un juego de niños comparado con un dato que desveló y que en medio de estos fuegos artificiales casi pasa desapercibido.
La declaración tiene que ver con asientos contables en los papeles de Bárcenas y a preguntas de la Fiscalía, el acusado responde que García-Pozuelo (exgerente de Constructora Hispánica) donó en diciembre de 1998 a raíz del atentado contra Gregorio Ordóñez y vista las necesidades de seguridad para cargos electos del PP la cantidad de 24.000 euros, que fueron recibidos en efectivo por Álvaro Lapuerta (extesorero del PP) en su presencia. Y añade que hubo más donativos, todos en efectivo, para esta finalidad aunque los empresarios no tuvieran con esas aportaciones un objetivo “finalista”. Esto es, que lo donaban graciosamente a cambio de nada.
Una sola frase, aunque sea en defensa propia, puede dar el nivel de miseria moral del personaje y de la organización política a la que pertenecía. Era cuestión de tiempo: ETA, también como excusa para la corrupción, aunque eso suponga mentir sobre un asunto tan doloroso para el PP como el asesinato de sus cargos. Esto es muy grave, no penalmente pero sí para medir lo que ha estado pasando alrededor de la violencia.
Repasemos la situación. ETA asesina a Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995. Pasan cuatro años, según la versión de Bárcenas, hasta que los empresarios empiezan a realizar esas aportaciones para cubrir necesidades de seguridad de los cargos del PP. Pero desde mayo de 1996, Jaime Mayor Oreja es ministro del Interior y los costes de seguridad corren a cargo del Estado, bien por la cuenta del Gobierno español, bien por la cuenta del Gobierno vasco. Es más, los fondos reservados son empleados (bien empleados) para reforzar esa seguridad ante la amenaza, muy real, de ETA. Todas estas circunstancias hacen imposible que lo que Bárcenas cuenta sea verdad.
Y ahora vienen las preguntas. Si los gastos de seguridad salían de nuestros impuestos, ¿para qué fueron destinadas esas cantidades en efectivo? Si se trataba de tan noble fin, ¿por qué se empleo el canal B de financiación? ¿Pueden explicar los hermanos Mayor Oreja, Jose y Jaime, por qué aparecen, uno como donante y otro como receptor, en los papeles de Bárcenas? ¿No hubo conflicto de intereses entre sus participaciones en empresas de seguridad privada, las donaciones al PP para seguridad en Euskadi que realizaban esas empresas y el Ministerio del Interior? ¿Fue ese dinero a parar al destino confesado o se quedó por el camino?