PUEDE que el hecho de que el vasco, además de no haberse completado, sea el único Estatuto que no se ha revisado en 35 años debiera ser suficiente motivo para que haya un consenso mínimo en torno a la necesidad de su actualización. Pero si esto no ha sido posible es porque de él tiran fuerzas en tres direcciones opuestas. Las que quieren profundizar en sus herramientas jurídicas para ampliar el autogobierno -pongan aquí al PNV-; las que se han negado a cumplirlo por razones políticas -aquí caben PSOE y PP-; y las que nunca han creído en él y hasta hace cuatro años no asumieron la política como única vía hacia la independencia -aquí cabe la izquierda abertzale y hoy se le suman algunos que antes estaban en la primera estrategia, como EA, en una estrategia soberanista no supeditada a ETA, como Aralar, o en ninguna, como Alternatiba-.

Pero la comisión parlamentaria sobre nuevo estatus político puso a los partidos deberes sobre un temario base en el que hacer sus propuestas tras escuchar a los expertos que cada cual tuvo a bien llevar al Parlamento Vasco. Y, oídas las partes, hay deberes que se han hecho y otros que están por hacer. En un resumen muy breve, y seguramente por eso inexacto, las propuestas conocidas de unos y otros contienen mimbres y cepos. Mimbres para tejer complicidades si hay voluntad política; cepos para mantener alejada la tentación de comprometerse demasiado. El PNV se ha creído de verdad que este camino lleva a alguna parte y, en consecuencia, ha puesto sobre la mesa bases legales, argumentadas jurídicamente, sobre las que negociar. No para la consecución de un estado independiente pero sí para tejer consensos sobre el derecho a decidir y lo que podríamos considerar casi una hoja de ruta desde los principios de democracia y legalidad. En adelante, su mayor dificultad será encontrar compañeros de viaje para una reforma que para el PP no es deseable, para el PSOE no es necesaria y para EH Bildu no es suficiente.

A Sortu le interesa tanto este asunto -perdón por la ironía- que eligió el mismo día para que Rufi Etxeberria presentara su nueva estrategia, Abian, que sitúa a los presos en el eje del discurso pero a cola del proceso independentista, con su excarcelación como consecuencia de él. Hay mensajes nuevos pero, aún así, sigue sin definir un modelo jurídico que haga del derecho a decidir algo más que una reivindicación. El del PNV mira a Canadá y a los derechos del pueblo vasco, reconocidos en la legalidad vigente aunque laminada políticamente. El PP dejó claro ayer de nuevo que su techo está por debajo del estatutario. Y el PSE se ha atrevido a pronunciar palabras tabú, como nación, aunque su propuesta la hace con la espalda contra la pared, trémulo y en un copia-pega del discurso federal indefinido para el Estado. Hay deberes por hacer y los años electorales alimentan la pereza.