EN la antesala de las próximas elecciones generales del 20-D, el modelo de hacer -y de transmitir- política se centra cada vez más en la confrontación, en ausencia de un verdadero debate sobre ideologías y proyectos. Y quienes más interesados están en que esta tendencia se consolide son precisamente aquellos que carecen de discurso y de iniciativas para avanzar en nuestro autogobierno vasco. Lo fácil, lo más socorrido es demonizar la mayoritaria orientación nacionalista de la sociedad vasca. Y se consolida una política mediática de piñón fijo, que sacraliza o convierte en anatema, según interese -y de dónde o de quién provenga-, afirmaciones genéricas.

Un primer ejemplo: hace no muchos meses el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, afirmó respecto al entramado institucional y social español que “solo hay una nación, la española; no formamos una nación de naciones, sino una nación de personas, de individuos, de ciudadanos libres e iguales”. Cabría preguntarle por qué entonces la sacralizada Constitución española diferencia entre nacionalidades y regiones.

Desde las mismas filas políticas del PP se contraponía racionalidad y nacionalismo, considerando que el nacionalismo no es un movimiento político racional, y que los partidos nacionalistas tratan de fomentar el malestar de sus votantes achacando la culpa a un enemigo externo, para acabar afirmando que el nacionalismo es como un avión: si se detiene se estrella. ¿Hay algo más excluyente y sectario que un Estado que proclama la supremacía y exclusividad de una única nación en su seno, identificando de forma interesadamente errónea y falsa Estado con nación?

Para relativizar ese planteamiento, basta leer, por ejemplo, el tenor literal del Estatuto valenciano, al señalar que “cualquier modificación de la legislación del Estado que con carácter general implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana”.

Este es el contenido del Estatut valenciano, que se completa con la perla de que toda ampliación de competencias a cualquier otra Comunidad Autónoma que incluya materias no previstas en el Estatuto valenciano obligará a la reforma y actualización de este, para alcanzar ese mismo techo competencial.

Si esta previsión se hubiera recogido en el Estatuto vasco nos hubiesen sacado, con perdón, coplas, además de tacharla de inconstitucional, insolidaria, sectaria, prepotente y cuantos adjetivos puedan imaginarse. Se hubiera considerado como una muestra de la insaciable voracidad competencial nacionalista, depredadora y peligrosa ante el objetivo irrenunciable de la unidad española. Y conviene recordar que esa disposición literal, hoy todavía vigente en Valencia, fue consecuencia de un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Por cierto, hablando del criticado por muchos dirigentes políticos blindaje del Concierto vasco, seguro que podrá resultarnos familiar a todos esta otra expresión: “Las leyes de la Generalitat valenciana quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, y están sujetas solo al control de constitucionalidad, ejercido por el Tribunal Constitucional”. Para ellos, y en este caso, esto es lo lógico, lo natural, y en cambio nuestra reforma y adecuación del rango legal de nuestras normas forales fue una muestra de “separatismo” fiscal. Sin comentarios.

Frente a quienes siguen considerando nuestra capacidad y nuestra exigencia de mayor autogobierno como meras reminiscencias históricas carentes de toda base y patrimonializadas por un nacionalismo político voraz, egoísta e insolidario, frente a quienes reclaman el “café para todos” mimetizador de competencias, cabe recordar que la igualdad de derechos y obligaciones de “todos los españoles” en cualquier punto del “territorio nacional” no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento jurídico, de las leyes en definitiva.

El principio de igualdad sustancial no puede confundirse con la absoluta uniformidad. No existe una homogeneidad absoluta de los derechos de los ciudadanos en todo el “territorio nacional”. No cabe hablar de una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento jurídico a nivel estatal, de la que resulte que en cualquier parte del territorio nacional se hayan de tener los mismos derechos y obligaciones.

¿Quién ha realizado estas afirmaciones? No ha sido ningún dirigente nacionalista vasco, ni un capricho intelectual de dogmáticos cercanos al soberanismo vasco: ha sido el propio Tribunal Constitucional español, en la sentencia que dictó sobre el Estatuto valenciano. Una agradable sorpresa, potente y didáctica, y que ha de prevenirnos frente a tópicos al uso en el imaginario político. Si esas afirmaciones hubieran sido realizadas por un dirigente nacionalista se le hubieran echado encima los voceros de los nuevos tiempos y del cambio. Reflexionemos sobre ello para relativizar los discursos políticos al uso.