Un sistema acabado

bUCEAR en los ocho informes que el Gobierno vasco remite al Parlamento es pasearse por nuestra reciente historia institucional. Fuera existía otra historia, más dramática y sin cuya existencia resulta imposible calibrar lo que esas páginas reflejan; un esfuerzo de vertebración institucional con un sector importante que denigraba ese trabajo (¿se acuerdan del famoso “tercio vascongado”?) y con una sucesión de gobiernos españoles que nunca consideraron que el Estatuto recogiera derechos, sino cesiones del todo hacia una pequeña parte.

Entre esos dos extremos una mayoría social ha ido apoyando esto que fue semilla ilusionante, retoño amenazado por la LOAPA, árbol en crecimiento pese a la falta de riego... y que amenaza hoy en volverse un tocón testigo de lo que pudo haber sido y no fue. El Estatuto ha sido una buena herramienta en las materias que se han desarrollado, pero los cuerpos mutilados no funcionan a pleno rendimiento y perecen antes de alcanzar la madurez. En ello estamos. Que se admita con naturalidad que hay 24 competencias no transferidas, que otras ocho lo hayan sido de manera incompleta y que lo desarrollado está bajo permanente amenaza por falta de un sistema justo de garantías no invita al optimismo. Si tomamos como referencia la magnitud económica y no la simple enumeración de las materias, la cosa pinta peor: no somos dueños del destino del 50% del Presupuesto que deberíamos manejar.

Cuando se trata de evaluar con ojos de 2015 lo que fue alumbrado hace más de tres décadas, es necesario hacerlo con cierta comprensión. Primero, porque todo estaba por hacer. Segundo, porque se toparon con esas resistencias extremistas que fueron más allá de la lógica diferencia y, tercero, porque hoy hay herramientas que permiten dar respuesta a realidades políticas cambiantes (interesante la referencia a las posibilidades de la Eurorregión).

Los informes concluyen con una aportación positiva que trata de dar respuesta a ese diagnóstico donde se ponen de relieve los problemas que han ido surgiendo. En líneas generales, proponen revisar el sistema de relaciones entre las administraciones vasca y española para reforzar una garantía de cumplimiento que no permita bloqueos unilaterales. Es un esfuerzo loable el de sugerir mejoras en el sistema, pero puede que el problema sea precisamente el sistema en sí mismo.

Permítanme, por ese motivo, que sea escéptico. Tomemos como ejemplo lo más inmediato; que el Gobierno español recurra (lo va a hacer en breve) la última OPE de la Ertzaintza no es un problema de sistema. Es un problema político que emana de una concepción determinada del Estado español; las mayorías españolas, de derechas o de izquierdas, que se han ido alternando en el poder no asumen la plena legitimidad de una institución que no sea la estatal. Y las negociaciones, basta echar mano de la hemeroteca, solo se desatascan cuando son necesarios los votos del nacionalismo vasco en el Congreso de los Diputados. Como si la defensa de la fórmula solo hubiera sido cosa del PNV mientras los demás se encargaban de buscar fórmulas para incumplir la ley aprobada en referéndum hace 36 años.