África y RGI
YA sé que no debería sorprenderme que los reyes de España pierdan el culo para viajar oficialmente a Marruecos. Lo ha hecho el actual, lo hizo su padre; también sus presidentes Aznar y Rajoy, sin olvidar que fue González quien más afición ha demostrado en las relaciones con el régimen alauita. Sí, González, aquel que en los campamentos de Tindouf se comprometió con los derechos del pueblo saharaui, aniquilados por la invasión marroquí llamada Marcha Verde (Corán en mano). Hablar de decencia a estas alturas no nos lleva lejos, debemos continuar exigiendo justicia para los y las verdaderas dueñas del Sahara y recordar que les ampara el Derecho Internacional. Años de exilio, de expolio de sus riquezas naturales, de olvido, de varias generaciones sin acceso a mínimos vitales, de vulneración de derechos en el Sahara ocupado por Marruecos tienen responsables con nombres y apellidos.
La legitimidad y legalidad de la soberanía saharaui sobre su territorio (reconocida por la ONU) deja sin justificación a las autoridades españolas y a gran parte de su clase política, dada su complacencia con un reyezuelo que subyuga también con mano férrea al pueblo bereber y al suyo, a la vez que les ahoga con pobreza y analfabetismo, permisividad con el fundamentalismo islámico y con todas las mafias que aprovechan el creciente deseo de migración en África.
Ya que estamos en el norte de África, sigo con las polémicas declaraciones del alcalde de Gasteiz convertidas, artificialmente, en el tema del verano. Una vez más, en lugar de ir al fondo de la cuestión de en qué consisten la solidaridad y la justicia, dónde los límites y nuestra capacidad y necesidad de mano de obra con sostenibilidad, unos y otros, se han dedicado a lanzarse los trastos a la cabeza sin entender la enorme preocupación que tiene la mayoría de la ciudadanía vasca por el fenómeno creciente de miles de personas que viven de lo público.
Indudablemente en un Estado de derecho es fundamental asegurar la calidad de vida a todas las personas pero, precisamente por eso, deben esmerarse los mecanismos de control del dinero público. Lamentablemente, exigir la mejor gestión en temas de inmigración a veces se interpreta demagógicamente como actuación en contra de las personas inmigrantes, cuando debería verse con la misma normalidad que en otros casos.
Dicen que la Renta de Garantía de Ingresos-RGI, tan traída y tan llevada estos días, la cobran en torno a las 90.000 personas, evidentemente de aquí y de allá. Lo malo es que se ha generado un debate muy negativo y confuso que se aclararía sacando a la luz sus mecanismos de control y sus consecuencias, así como los datos reales de personas que la cobran, comparativamente a la proporción de población inmigrante o local.
Los datos se pueden plantear e incluso manipular al antojo para demostrar casi lo que se quiera, por lo que, se puede dar la paradoja, de que posturas antagónicas e interesadas en el rédito político u organizativo pueden llegar a justificar blanco y negro con los mismos. El riesgo es que la mayoría no entendamos realmente qué hay en juego o si el gasto es eficaz y está fiscalizado como debe ser.
La RGI es una prestación mensual para atender las necesidades básicas de las personas y familias (puede incluir también una ayuda para la vivienda) que no tienen recursos suficientes, además de ayudarles a buscar una salida laboral. El Gobierno vasco, entiendo que con justicia y buen criterio, en 2012 retiró 5.668 (el 10% de perceptores) y en el 2013 en torno a las 14.500 porque no cumplían los requisitos contemplados en la ley de estar disponible para el empleo, participar en actividades de formación y de búsqueda de trabajo. Parece que ese puede ser un camino que cierre el paso a la mala utilización de los recursos limitados de los que disponemos.