tal vez de forma ingenua, al no imaginar el contexto de presión ajena al Derecho que rodea la gestación de muchas leyes, el filósofo Séneca defendió que toda norma promulgada es siempre justa por el mero hecho de ser norma. El megaproyecto Eurovegas, que ha iniciado su andadura administrativo-política, pone en cuestión esta clásica argumentación. Séneca defendió su máxima de forma coherente incluso con su propia vida, al rehusar convertirse en prófugo para escaparse de la condena a muerte que el emperador Nerón dictó contra él de una manera tan caprichosa como injusta. En pleno siglo XXI cabe esperar que las normas formales pero injustas no sean acríticamente admitidas, acatadas y cumplidas por los ciudadanos, y sobretodo que los jueces invaliden el contenido injusto de unas normas legales pero arbitrarias.

Bajo el señuelo de la creación de puestos de trabajo, el proyecto de megacasino ha nacido bajo la cobertura de una legislación ad hoc, específica, un marco normativo a medida de las exigencias del inversor titular del capital extranjero que ha decidido, tras ofrecer sus encantos a varios postores, asentarse en Alcorcón.

Sorprende la acrítica admisión con la que se tolera excepcionar en favor de este proyecto, y mediante ley, la propia vigencia y aplicabilidad de otras leyes vigentes e imperativas de obligado cumplimiento para el resto de operadores mercantiles. ¿Dónde queda el Derecho de la competencia? ¿Sobre qué base legal se justifica legislar a favor de un caso concreto y obligar al resto de actividades económicas desarrolladas en el propio escenario madrileño-español a respetar las normas ordinarias, leyes que imponen a su vez obligaciones de las queda arbitrariamente excluido el proyecto Eurovegas?

En todo ese elenco de cambios legislativos a la carta, el empresario del juego Sheldon Adelson exigió, para invertir en el proyecto, exenciones fiscales a nivel municipal y rebajas de impuestos autonómicos, además de la conocida exigencia de poder garantizar una mayor flexibilidad para poder fumar en los establecimientos de Eurovegas. Mariano Rajoy recibió a Adelson en el palacio de La Moncloa el pasado octubre y prometió la ausencia de trabas. Dicho y hecho. La Asamblea de Madrid aprobó a finales de diciembre, con la mayoría absoluta del PP, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, también conocida como Ley de Acompañamiento. De esta manera, la Comunidad de Madrid cumplía con buena parte de los requisitos de Las Vegas Sands.

La norma prevé la rebaja del impuesto sobre los ingresos procedentes del juego del tipo máximo actual del 45% a un tipo tributario único del 10%. Permite que los Centros Integrados de Desarrollo cuenten con una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. Además, los casinos podrán abrir las 24 horas del día y se pedirá el DNI solamente a los jugadores que quieran cambiar fichas por valor de más de 2.000 euros. También se les podrá conceder crédito. Y por citar otro significativo ejemplo, también se eliminó el límite de altura a los rascacielos vía enmienda legislativa.

Bajo el señuelo, a modo de varita mágica, de la creación de puestos de trabajo, se elabora un traje a medida, un "marco legislativo", como eufemísticamente se califica por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid. La perversión del fin público e interés social que debe perseguir toda actuación administrativa llega a su máxima expresión cuando incluso llega a preverse que la Comunidad de Madrid podrá expropiar tierras para salvaguardar el proyecto.

El resultado normativo es claro, ya que se especula con el suelo del municipio y se ahonda en un modelo económico basado en el ladrillo y el juego. ¿Es éste el modelo defendido en la presuntuosa ley de economía sostenible? ¿Soporta el proceso de negociación entre el inversor privado y las Administraciones implicadas los filtros exigidos por la futura y ya tan cacareada ley de transparencia? ¿Es posible aislar a esta isla del juego llamada Eurovegas y eliminar así la vigencia y aplicabilidad de normativa interna de obligado cumplimiento? ¿Dónde queda la seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la ley o la interdicción de la arbitrariedad en el actuar de las Administraciones públicas?

En realidad, se trata de una legislación a la carta que ampara un negocio de macrocasinos bajo una supuesta utilidad pública, y para ello se crea una especie de limbo jurídico en el que una misma realidad lucrativa (el juego) es tratada de forma privilegiada respecto a la misma actividad desplegada fuera del mismo. Es injusto e ilegal, pese a la máxima del clásico Séneca. Y todo ello choca de frente con una demanda social cada vez más extendida, la exigencia de conductas decentes y honestas.

En su libro Ejemplaridad pública, el filosofo Javier Gomá desarrolla de forma brillante la tesis de que hoy día todo poder, incluido el democrático, corre el riesgo de perder su legitimidad si pretende basar solo en la ley toda su fuente de auctoritas y de potestas, es decir, su fuente de competencia inherente al ejercicio del poder. En una sociedad moderna cumplir formalmente la ley ya no es suficiente. El contenido de ésta debe ser justo. La arbitrariedad no debe tener cabida bajo la cobertura formal de ley. Y ello aunque su destinatario sea Eurovegas o un establecimiento de todo a cien.