si no hay voluntad de respeto a los acuerdos que se toman para solucionar los problemas, las dificultades financieras de Europa persistirán creando graves conflictos socio-económicos en la ciudadanía que, bajo el paraguas de la Unión Europea, ve cómo se vulneran los derechos adquiridos a partir del Tratado de Roma (1957) mientras aumenta el tamaño e influencia de los mercados internacionales de capital, tal y como nos lo recuerda Juan José Ibarretxe en su libro El caso vasco, añadiendo que "su fuerza (los mercados) la podemos medir por su capacidad para modificar la estabilidad de una economía estatal en cuestión de días o de horas, como recientemente hemos tenido ocasión de comprobar en el caso de Grecia o de España".
Destaco esta cita porque, en efecto, los mercados siguen marcando el ritmo operativo de la UE y, llegado el caso, presionan para no cumplir con los acuerdos tomados en su seno. Tal y como veremos escenificar esta misma semana, jueves y viernes, cuando la cumbre europea de jefes de estado dejará en papel mojado el acuerdo del pasado mes de junio en el que los líderes de los 17 países de la zona euro decidieron aliviar la presión de los mercados (prima de riesgo y tipos de interés) sobre la deuda española e italiana, mediante un fondo de rescate que pueda recapitalizar directamente a la banca española cuando el Banco Central Europeo se convierta en supervisor único de las entidades financieras.
Sabemos que los instrumentos procedimentales de la UE son retorcidos y ofrecen una lectura variable según el "menú de cada día". Dicho en otras palabras, la UE se niega a sí misma. Así, un portavoz de la Comisión Europea afirma que "hay sutilezas en el comunicado final de la cumbre anterior (junio) que son interpretables (¿?), pero la unión bancaria no está pensada para solucionar todos los problemas actuales, sino para futuras crisis", que es tanto como admitir que la UE deja sin el amparo prometido a los bancos españoles, al menos hasta la puesta en marcha del supervisor bancario que, según el presidente del BCE, no será antes de 2014. La recapitalización directa de los bancos, en cualquier caso, sólo empezará cuando ese supervisor funcione a velocidad de crucero, lo que dilata aún más todo el proceso.
Esto significa que las ayudas europeas que reciba la banca española computarán como deuda pública hasta 2014 y que los intereses incrementarán el déficit presupuestario. Por otra parte, cualquier suspensión de pagos o insolvencia de alguna entidad bancaria tendrá que ser cubierta por el Estado. Entre tanto, los mercados crediticios seguirán cerrados como hasta ahora y la posibilidad de que empresas solventes puedan cubrir sus necesidades de liquidez seguirá siendo gravosa por efecto de la prima de riesgo, mientras empresas similares tendrán mejores condiciones en otros países.
A este punto nos lleva el incumplimiento de los acuerdos en la UE y también nos lleva a las ideas del profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick y miembro de la Cámara de los Lores, Robert Skidelski (mencionado por Ibarretxe en el citado libro), quien, en un artículo publicado en Project Syndicate en 2010, aludía a los mercados financieros afirmando que "en lugar de obtener inversiones para los sectores productivos de la economía, la industria financiera se ha vuelto experta en conseguir inversiones para sí misma".
Una frase que denuncia, en pocas palabras, la principal causa del gran drama que vivimos. No obstante, Skidelski no se queda ahí, ya que, tras destacar la plena vigencia de "las ideas sobre el pleno empleo y la igualdad", añade que "la lucha política debe llevarse a cabo en nuevos frentes" con el objetivo de "reducir el poder para dañar la economía que tiene la especulación financiera".
Pero no utiliza ideas revolucionarias sino que basa su estrategia en hacer uso de "fundamentos económicos sólidos y no en la ideología política" para reforzar la expansión de los gobiernos como herramienta para regularizar la economía. "La intervención del Estado debe llenar los vacíos que no se puede esperar razonablemente que el sector privado cubra por sí solo. La crisis actual ha demostrado con la mayor claridad posible que los mercados privados son incapaces de autorregularse".
Todo lo señalado con anterioridad nos lleva a varias conclusiones. Una de ellas es que el camino para la recuperación no reside en la ideología política, sino en la gestión basada en fundamentos económicos. Por ello resulta contraproducente todo síndrome electoral basado en el globalismo neoliberal o en su polo opuesto, porque toda imposición tiende a la indignación del oprimido o al fracaso.
En este sentido, los primeros quieren imponer la dictadura financiera tal y como estamos comprobando y sufriendo, mientras que los segundos prometen lo inalcanzable, como reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo o que la relación entre salario máximo y mínimo sea de doce a uno como mucho. Y, aunque la música pueda sonar bien, ¿cómo quieren imponer tales medidas en la empresa privada vasca que también está sufriendo los embates de la crisis?
Semejante desafuero sólo es posible en quien, lejos de proteger el bien público (bienestar social, sanidad, educación, empleo y empresas) quiere imponer sus ideas al más rancio estilo estalinista. Olvidan que en una sociedad de libre mercado los gobiernos son necesarios para evitar las malas conductas de los mercados, pero éstos también son necesarios para evitar las malas conductas de los gobiernos. Sólo con pragmatismo, ética, formación y tecnología al servicio del desarrollo económico sostenible se puede recuperar un futuro de bienestar.
