Una vez conocido el diagnóstico de Oliver Wyman sobre la banca española convendría serenar los ánimos para evitar triunfalismos. Después de todo, uno tiene la impresión de estar asistiendo a un carnaval financiero promovido por Rajoy, en el que los ciudadanos somos testigos mudos a la hora de opinar y protagonistas activos en la cita con los impuestos y los recortes sociales. Sabemos que siete de las catorce entidades analizadas están enfermas y necesitan tratamientos terapéuticos de rescate que van desde la UVI financiera a la respiración asistida, aunque en modo alguno se garantiza la supervivencia de los enfermos, como tampoco sabemos si las entidades que han sido dadas de alta podrán proseguir su actividad como hasta ahora o, por el contrario, deberán someterse al estricto condicionamiento que se desprende del Memorándum de Entendimiento, conocido como MoU por su siglas en inglés (Memorandum of Understanding).
Por las declaraciones que ayer pudimos leer en este periódico, Mario Fernández estima que las "medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera en España", según reza el documento del MoU, afectarán a la entidad que él preside, Kutxabank, pese a ser la entidad más solvente entre las siete que no necesitan ayuda exterior frente al resto, algunas ya nacionalizadas, que requieren miles de millones de euros para intentar recuperar la solvencia financiera, porque, no lo olvidemos, esas ayudas no garantizan la viabilidad de las entidades socorridas, simplemente abren el camino para que puedan ser reflotadas.
La duda, y en cierto modo la paradoja, surgen a partir de uno de los párrafos del punto 23 del citado documento donde se dice que "las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario. Es más, las autoridades propondrán medidas para reforzar las normas de idoneidad de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y para adoptar requisitos de incompatibilidad para los órganos de gobierno de las antiguas cajas de ahorros y los bancos comerciales bajo su control".
¿A qué cajas se refiere el MoU? Lo pregunto porque en su preámbulo señala que el memorándum "detalla las condiciones en materia de políticas plasmadas en la Decisión del Consejo […] de 20 de julio de 2012 sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera en España. Dada la naturaleza del apoyo financiero prestado a España, la condicionalidad se centrará en el sector financiero y comprenderá tanto la relativa a la banca, en consonancia con las normas sobre ayuda estatal, como la de carácter horizontal". Evidentemente, ni Kutxabank ni las otras seis entidades solventes necesitan el "apoyo financiero prestado a España" ni erosionan su estabilidad financiera.
Más aún. En el cuadro del MoU que marca el calendario para la "Reestructuración del sector bancario español" solo se cita una vez al Grupo 0 (donde está Kutxabank) para señalar que "los bancos quedan excluidos de la aplicación". Por tanto, cabe deducir que también deberían quedar al margen de las obligaciones del citado punto 23. Sin embargo, Mario Fernández percibe que tendrán que amoldarse a la norma, lo que conlleva un proceso de privatización urgente, porque solo disponen de dos meses, y peligroso en la medida que está en juego la obra social que han venido realizado las cajas vascas (BBK, Kutxa y Vital) desde hace décadas.
Evidentemente, un inversor privado sea entidad o persona jurídica no tiene objetivos altruistas o estratégicos. Se mueve por intereses que, en muchas ocasiones, forman parte de la especulación neoliberal. En consecuencia, buscará la rentabilidad de su inversión y puede poner objeciones a la realización de inversiones estratégicas dentro del tejido empresarial vasco o al destino del 30 por ciento de los beneficios que, hasta ahora, se empleaba para financiar la obra social. Todo ello, en el marco de una entidad que es la más solvente en base al índice capital core para 2014 que, en el caso de Kutxabank, asciende al 11,6%.
Por tanto, nos encontramos ante una situación injusta. Según parece, todas las cajas, hayan sido nacionalizadas, ayudadas o sean solventes, tendrán que hacer dejación de una función que, en el caso de Kutxabank, genera en el País Vasco más de 1.200 puestos de trabajo en colonias, centros de día para la tercera edad, ONGs, etc... Un problema que, insisto, se ve agravado por el hecho de que Kutxabank ha salido sin mácula de un análisis sobre un escenario adverso al que Oliver Wyman ha sometido a las cuentas bancarias que incluye una caída del PIB del 4,1% este año, el 2,1% en 2013 y del 0,3% en 2014, cuando la tasa de paro llegaría al 27,2%.
Claro que, junto a Kutxabank también se encuentra en la misma situación Caixabank. ¿Por qué ambos bancos tienen que recibir el mismo tratamiento terapéutico y condicional que Bankia, si unos son solventes y otro ha sido nacionalizado? Llegados a este punto, habrá que hilar muy fino. No es casualidad que dos bancos solventes tengan su sede en Euskadi y Catalunya, dos regiones del mundo que reivindican mayoritariamente un espacio social y político propio en Europa. En todo caso, su solvencia bancaria es causalidad de una buena gestión que ahora no se quiere reconocer y garantía de que pueden mantener su status quo.
No hay razones financieras para que las entidades sanas tengan que someterse al imperio de la estricta condicionalidad establecida para las entidades enfermas por la mala gestión y el despilfarro de sus rectores. Si Kutxabank y Caixabank han estado bien gestionadas no hay motivos para cambiar su status quo, salvo que estemos ante una nueva vuelta de tuerca de la reforma social ideológica emprendida por el Gobierno de Rajoy desde que hace nueve meses llegó a La Moncloa. Esa nueva vuelta de tuerca consiste en minimizar el poder financiero que podía desprenderse de dos bancos solventes y con una identidad diferente a la españolidad del PP. Llega de nuevo el café para todos.
Entramos en terreno resbaladizo porque quedan otras muchas sombras respecto al futuro del sistema bancario español que emprende un camino acotado entre la condicionalidad impuesta desde Europa a través del MoU y las necesidades establecidas en el informe de Oliver Wyman. Así, entre las interrogantes que se abren cabe preguntar ¿quién será responsable de las ayudas: el estado español o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)? De su respuesta depende si las ayudas y los intereses computarán o no como deuda y déficit públicos españoles, respectivamente.
Cuando en el pasado mes de junio el Eurogrupo aprobó ayudas para recapitalizar la banca española por un importe máximo de 100.000 millones de euros (con un interés inferior al 4% y amortizable en 15 años) el Gobierno de Rajoy señaló que las ayudas no iban a costar un céntimo a las arcas públicas porque se trataba de una ayuda directa a la banca, canalizada a través del MEDE. Es decir, se trataba de evitar la contaminación de la deuda pública española (su incremento). Ahora bien, el MEDE no está creado y, entre tanto, será el FROB el responsable inicial de esas ayudas,
Sin embargo, esta misma semana hemos conocido que Alemania, Finlandia y Holanda, los tres únicos países europeos con triple A en la calificación de las agencias sobre sus economías, se oponen a tal procedimiento, Así, la portavoz del Ministerio alemán de Finanzas, Marianne Kothé, aseguraba que las ayudas comprometidas entre España y el Eurogrupo "no puedan servir para recapitalizar directamente a la banca". Explicó que apuesta por que el MEDE "solo pueda prestar directamente a los bancos para sanear deudas contraídas una vez que entre en funcionamiento el supervisor bancario único". Esto significa que las ayudas cuantificadas en 53.745 millones de euros por Oliver Wyman computarán como deuda pública para España y los intereses devengados (más de 1.500 millones de euros al año) como déficit público.
De modo que ya tenemos una patata caliente que Rajoy debe solventar y aclarar ante la opinión pública, ya que el coste de la recapitalización de bancos mal gestionados va a recaer sobre los contribuyentes, contradiciendo, una vez más, lo prometido por quienes tienen la responsabilidad de gobernar. En otras circunstancias, este inconveniente pasaría casi desapercibido, pero con la actual crisis y con la política neoliberal del Gobierno español, ya se sabe que se cumple la doble y terrorífica ecuación de que 'mayor deuda pública (ayudas europeas) y mayor déficit (intereses) es igual a más recortes sociales /salarios, educación, sanidad, pensionistas, etc.).
Claro que en el fondo de este debate entre países solventes y países empobrecidos se encuentra la solvencia de estos últimos. No hay duda que ayudas son necesarias. Sí. Pero los acreedores quieren una garantía de su retorno y aquí es donde se abre la caja de Pandora, porque temen que algunas o muchas de las entidades socorridas con el rescate bancario no puedan devolver las ayudas y no quieren, conocido el alto riesgo, tener que explicar a sus electores cómo y por qué asumieron un rescate que no iban a recuperar. Otro tanto se puede decir del banco malo. Es en esta desconfianza donde se puede encontrar la causa de la masiva salida de capital extranjero, inversor o especulativo, de la banca española, tal y como se registra en los últimos meses.
