Mientras nos caen misiles tributarios, despidos, EREs, precariedad y rebajas salariales, los señores de esta guerra, los mismos que la han provocado por codicia, recogen su rico botín. Es la hora de arramplar con el mercado de la televisión pública, para lo que el presidente Rajoy, buen pagador de favores prometidos, adelantó el pasado viernes en Consejo de ministros la correspondiente reforma de la Ley General Audiovisual, que permitirá al lobby de la televisión privada adueñarse de la actividad más rentable de las autonómicas sin cargar con sus deudas. Ya está aquí la telerapiña.
¿Y cómo va a teatralizarse este saqueo? Como nadie está dispuesto a comprar canales públicos con plantillas sobredimensionadas, el despojo se ejercerá vía externalización, que es algo así como esquilmar un bien productivo sin la responsabilidad de la propiedad. Una privatización encubierta, vamos. Ya lo sugirió José María Irisarri, expresidente ejecutivo de la empresa Vértice 360º, en un reciente artículo en El País: "Si las televisiones autonómicas externalizan gran parte de su actividad en la búsqueda de nuevos modelos de gestión -lo que no incompatibiliza con mantener una dirección efectiva-, se pueden hacer viables". En resumen, al pillaje por la externalización. Y todo por una guerra virtual contra el déficit. Eso sí, del déficit democrático derivado del dominio despótico de lo privado sobre lo público, la teledictadura, de eso no hablamos. Es peligroso: es sedición.
